El 8 de octubre, mediante el Decreto 888/24, el Poder Ejecutivo Nacional disolvió el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), alegando falta de capacidades institucionales de las provincias para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, basados en un informe preparado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que al día de hoy no se encuentra disponible.
El gobierno de Javier Milei tomó esta controvertida decisión, eliminando el Fondo, creado en 2018 a través de la Ley Nº 27.431 -modificatoria de la Ley 26.331 y conocida como Ley de Bosques-que contaba con un presupuesto de aproximadamente $14.710 millones para el año en curso con el objetivo administrar recursos destinados a la conservación y protección de los bosques nativos en Argentina.
Esta Ley permitía compensar a las jurisdicciones que preservaran bosque nativo en su territorio, y además además, administrar de forma más eficiente y transparente los fondos de la Ley de Bosques Nativos FNECBN, mejorando el proceso y fortaleciendo la capacidad de las provincias para controlar la deforestación ilegal y ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible.
Justificación de la medida
El gobierno argumenta que la eliminación del fondo se basa en presuntas «falencias» e «ineficiencias» en su implementación, según un informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Sin embargo, esta decisión ha sido criticada por diversas organizaciones ambientales y funcionarios provinciales, quienes advierten que la medida pone en riesgo el control sobre desmontes ilegales e incendios forestales, además de representar un retroceso significativo en las políticas de conservación ambiental.
Reacciones y consecuencias
La ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, expresó su preocupación por el impacto negativo que esta eliminación tendrá sobre las provincias que dependen de estos fondos para mantener sus bosques nativos. Según ella, esto podría resultar en «un enorme perjuicio» para las comunidades que reciben compensaciones por los servicios ambientales que estos ecosistemas ofrecen.
Además, más de 25 entidades ambientales manifestamos nuestro rechazo a esta decisión y alertamos sobre el desfinanciamiento estructural y el impacto que tendrá la eliminación del FOBOSQUE. Denunciamos que esto representa un grave retroceso en el cumplimiento de la Ley 26.331 que colisiona de lleno con el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, comprometiendo la capacidad del país para cumplir con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático y conservación.
“Las deficiencias de las autoridades provinciales no pueden ser excusa para eliminar herramientas que facilitan cumplir una ley. En todo caso, esto debería dar lugar a mejorar los sistemas de administración e implementación del fondo”, enfatizamos en el comunicado. Además, se subraya: “Solicitamos a los diputados, diputadas, senadores y senadoras, que durante el debate de la Ley de Presupuesto 2025 garanticen el cumplimiento de la Ley 26.331”.
