La segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP2), se celebró en Buenos Aires entre el 19 y el 21 de abril.
El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, que fue firmado en 2018 en Costa Rica por 24 países y ratificado por 15. El objetivo es garantizar el acceso a la información, la participación y el acceso a la justiciaen temas ambientales en la región.
El propósito formal de esta cumbre fue elegir por primera vez a 7 miembros de distintos países para integrar el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del tratado, con un llamado de los países miembros a profundizar su implementación, basándose en la cooperación destinada a fortalecer las capacidades nacionales con ese objetivo.
La COP 2 del Acuerdo de Escazú, que tuvo carácter extraordinario y congregó a 15 delegaciones de Estados Parte, ocho delegaciones de países observadores, 357 representantes del público, 110 delegados de gobierno, 74 representantes de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales (con más de 600 personas acreditadas en total), cerró con la adopción de la “Decisión II/1” que oficializa la elección de los miembros del Comité, cargos ad honoren con mandato por 4 años con posibilidad a una reelección, el cual quedó conformado por Guillermo Eduardo Acuña (Chile); Mariana Blengio Valdés (Uruguay); Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada); Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica); Andrés María Napoli (Argentina); Carole Denise Angela Stephens (Jamaica); y Félix Wing Solís (Panamá).
Además, por sorteo se designó a los siguientes tres integrantes del Comité por un mandato de seis años: Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada); Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica); y Carole Denise Angela Stephens (Jamaica).
Asimismo, los países participantes en la COP 2 aprobaron una declaración política (“Declaración de Buenos Aires”) de 15 párrafos, en donde se destaca el papel de los derechos de acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales, y a la promoción de los derechos humanos y del desarrollo sostenible. Reitera además, la necesidad de obtener apoyo adecuado para la implementación del Acuerdo, lo que incluye el funcionamiento del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, y se celebra la puesta en marcha del Fondo de Contribuciones Voluntarias con el aporte de México y el anuncio de un aporte por parte de Chile.
¿Qué significa que se hayan elegido las autoridades?
Que el primer acuerdo ambiental de la región puede ponerse en marcha formalmente. Y, por lo tanto, se amplían derechos humanos de las comunidades y los defensores ambientales. Pero al mismo tiempo, fortalece la organización de la región y traza una agenda en común de cooperación.
América Latina es una de las regiones más afectadas por la crisis climática y contar con una plataforma conjunta puede fortalecer la posición negociadora en foros y cumbres internacionales. Especialmente cuando se trata de presionar a las potencias por financiamiento climático y fondos para reparar pérdidas y daños por desastres ambientales.
Escazú contempla un fondo de financiamiento -que se aprobó en esta COP- que se nutrirá de contribuciones voluntarias de los países miembros. México y Chile ya oficializaron sus aportes, sin embargo, eso no es suficiente.
En su mensaje, José Manuel Salazar-Xirinachs -Secretario Ejecutivo de la CEPAL-, indicó que “como lo ha señalado el Secretario General de las Naciones Unidas, el Sr. António Guterres, el Acuerdo de Escazú representa un hito histórico no solo para nuestra región, sino también para el mundo, al crear un régimen de protección para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Y es que en nuestra región sabemos bien que proteger el medio ambiente requiere cuidar a quienes lo defienden. Ello es particularmente relevante en este momento, cuando nos aprestamos a conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra este 22 de abril. No hay mejor manera de rendirle homenaje que honrando a todas y todos quienes cuidan de nuestro entorno y afianzando el Acuerdo de Escazú como lo estamos haciendo en esta COP 2”.
¿Por qué es importante contar con un acuerdo como Escazú?
En los últimos 10 años, casi el 70% de las muertes de activistas ambientales se produjeron en América Latina y el Caribe. Un acuerdo como este aporta un marco de protección y de garantías de seguridad para estas personas.
Pero también implica, para los países que lo ratificaron (Argentina es uno de ellos), que las comunidades y la sociedad civil puedan formar parte de la toma de decisiones de proyectos que impliquen un impacto al ambiente. Al mismo tiempo, deberá garantizar el derecho a la información de quien lo solicite. Es decir, una democratización del ambiente.
“El Comité va a tener una tarea de apoyo, de fortalecimiento de capacidades, colaborar para que más países ingresen al acuerdo. También vamos a recibir denuncias del público y tramitarlas y emitir recomendaciones para que los gobiernos actúen”, explicó Andrés Nápoli, uno de los representantes electos y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Para Nápoli, una de las principales urgencias es la falta de resguardo a los activistas ambientales. “Esto tiene que ser ya. No puede seguir todo igual. Hoy la gente no puede participar, se toman las decisiones antes de promover la consulta popular”, señaló.
Como ejemplo, Nápoli puso el caso de la explotación de litio en Salinas Grandes en Jujuy, operación que se inició sin ningún tipo de participación o consulta a las comunidades aborígenes de la zona.
Finalmente, Cecilia Nicolini, Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de Argentina -quien ejerció como presidenta de la COP 2- señaló que “en América Latina y el Caribe compartimos la necesidad de poner en el centro de nuestras agendas la cuestión ambiental y de derechos humanos”.
“El Acuerdo de Escazú no es solamente un instrumento jurídico pionero en protección ambiental, sino que es un verdadero tratado de derechos humanos. Poder ser parte de esta historia nos pondrá a la vanguardia de una verdadera democracia ambiental para nuestra región”, declaró finalmente.
El discurso de Alberto Fernández
Alberto Fernández participó en la apertura del evento, el miércoles por la noche, en el CCK; y lo cerró fijando la postura de la Argentina, que se repite en las cumbres climáticas del mundo: “Nosotros no somos los causantes de esta crisis”.
Fernández, al igual que sus funcionarios, insiste con el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas: la Argentina no es la que más emisiones de gases efecto invernadero produce y, por lo tanto, su política climática no debe tener la misma ambición que la de los países que más emiten.
Es un concepto al que cada vez se le suman más cuestionamientos: la urgencia de la crisis climática deja poco lugar para las especulaciones y necesita de más compromiso de todos.
“¿Y qué tiene esta América Latina para ofrecerle al mundo, en este momento de crisis climática? Tiene dos cosas: tiene algo para exigirle, tenemos que exigirle al mundo que adviertan que somos acreedores climáticos; no somos deudores climáticos. No causamos esta tragedia y además tenemos los remedios para soportar y sobrellevar y resolver la tragedia. En segundo término tenemos que entender que debemos trabajar unidos para hacer valer esta fuerza”, expresó el Presidente.
No hay una definición exacta o medible de qué implica el concepto de acreedores climáticos, no es del todo claro. ¿Implica algún tipo de renunciamiento a los compromisos ambientales que la Argentina acordó en organismos internacionales?
“Los compromisos climáticos están y cada vez tienen que ser más ambiciosos, tenemos nuestro compromiso de carbono neutralidad a 2050. Lo que se quiere decir es la necesidad de que aquellos países que más contribuyeron a la crisis climática, que además son los países más ricos, puedan encontrar mecanismos de acción climática. Que se puedan traducir en instrumentos reales de financiamiento”, aseveró Nicolini.
