El pasado 19 de diciembre, Carlos Chagra, cazó a un ejemplar de 150 kilos tras perseguirlo durante horas cerca de Clorinda y luego publicó su «hazaña» en las redes sociales, por lo que, en primera instancia, fue denunciado por la ONG Red Yaguareté ante la justicia federal por el caracter delictivo de la caza ilegal de especies protegidas.
El hecho, fue denunciado diez días después y la vivienda del imputado fue allanada. Se encontraron armas, municiones y otros objetos de interés relacionados con la caza ilegal de un yaguareté.; y los videos publicados por el mismo cazador resultaron ser la prueba más contundente en su contra.
El denunciado está detenido en Formosa desde entonces y se enfrenta a una pena máxima de 3 años en la cárcel; sin embargo, esta pena es excarcelable. Por un recurso judicial ahora se pide que responda con su patrimonio y pague una fianza millonaria para poder ser liberado.
El equipo de Conservación de la Administración de Parques Nacionales (APN), a través de la jefa del programa de Recursos Naturales, María Graziani, realizó el cálculo económico del daño ambiental causado por la pérdida de este ejemplar, el cual fue validado por el director regional NEA del organismo, Daniel Crosta. La estimación monetaria de dicho daño, cálculo que involucra diversos aspectos y variables ambientales y económicas, resultó en algo más de 370 millones de pesos.
Tanto la APN como Red Yaguareté, la Fiscalía provincial y el Ministerio Público Fiscal presentaron la objeción a la caución original ante el Juzgado Federal N°1 de Formosa aduciendo que era «insuficiente».
“Vamos a actuar con firmeza, esto es un crimen contra la naturaleza, y todo el peso que permita la ley lo vamos a aplicar en este y otros casos como éste”, había asegurado el juez federal 1 de esa provincia, Pablo Morán, en declaraciones a Radio Uno de Formosa. «Existen elementos suficientes para que el imputado responda cautelarmente con su patrimonio», agregó el funcionario.
Además, tiene como finalidad ser una sentencia «ejemplificadora y crucial para frenar la cacería de ejemplares de la especie, que por lo general quedan impunes y sin consecuencias para los cazadores», asegura la APN.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió a favor de la Administración de Parques Nacionales y ordenó sustituir «la caución juratoria por una real», cuyos montos deberá fijar el juez federal formoseño, y que podría tratarse de la cifra estimada por la APN, alrededor de 370 millones de pesos.
Esta medida establecería un precedente que ayuda a castigar el maltrato animal, y a generar conciencia sobre la importancia de respetar la vida y cuidar a nuestras especies nativas. Resta la decisión del juez.
Mientras se realizan tantos esfuerzos para la conservación de especies desde la sociedad civil y organizaciones, y en pleno desarrollo de la última Cumbre de las partes (COP15) donde 180 países acordaban proteger al menos el 30% de los ecosistemas terrestres y acuáticos en la próxima década, una ambiciosa meta llamada 30×30; este hombre, con una crueldad indescriptible, no solo le quitó la vida a un ser sintiente poniendo en riesgo todo un trabajo de años; sino también atentó contra la subsistencia de la especie humana.
Foto Darío Podestá
