La noticia causó entusiasmo y esperanza: Misiones logró, a mediados de mayo pasado, aprobar un marco regulatorio para “la preservación, conservación, defensa y desarrollo” de los humedales, convirtiéndose así en la primera provincia argentina en tener una ley en defensa de esos ecosistemas, que además incluye la elaboración de un registro de todos los humedales en el territorio provincial. La medida sienta un excelente precedente para el tratamiento de una ley nacional, desestimada en el Congreso una y otra vez. “Ley de humedales ya” es el hashtag que enarbola la lucha para lograr una norma jurídica que promueva acciones concretas para su conservación y un presupuesto que permita llevarlas a cabo. Lamentablemente, los desastre naturales y antrópicos y sus consecuentes reclamos sociales han sido el motor que reimpulsó las últimas instancias de tratamiento en el recinto, como si hiciera falta seguir acumulando pérdidas para tomar riendas sobre el asunto.
Antes de repasar el derrotero de casi una década de los distintos proyectos de ley a nivel nacional –ninguno de ellos con final feliz–, recordemos que los humedales son zonas de tierra inundadas de forma temporal o permanente habitadas por especies animales y vegetales adaptadas a los períodos de anegamiento y sequía. Su importancia está dada porque son parte esencial de los sistemas naturales que hacen posible la vida en el planeta, y funcionan como filtros depuradores y reservorios de agua dulce. Por si fuera poco, constituyen los ecosistemas que más carbono almacenan, y por eso resultan esenciales en la adaptación a los efectos del cambio climático. Argentina tiene actualmente 23 puntos designados como Humedales de Importancia Internacional o “sitios Ramsar”, por el nombre del primer acuerdo multilateral sobre medio ambiente, firmado en 1971. En total, abarcan una superficie de 600 mil kilómetros cuadrados, incluso en zonas áridas.
De acuerdo al Programa Humedales sin Fronteras, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) la pérdida de estos ecosistemas a nivel mundial en los últimos 50 años asciende al 35 por ciento, y las principales amenazas son la ampliación de la frontera agrícola, el uso de agroquímicos, la sobreexplotación de bienes naturales, el desarrollo industrial e inmobiliario, las especies invasoras y el desecho de residuos mal tratados.
El capítulo uno del reclamo por una ley fue en abril de 2013, con la presentación del primer proyecto de presupuestos mínimos para humedales de la senadora Elsa Ruiz Díaz (FPV). Para septiembre de ese año, se presentó un segundo proyecto, en este caso del senador Rubén Giustiniani (Socialismo), y ambas iniciativas fueron unificadas y debatidas hasta incluso obtener media sanción, aunque a finales de 2015 perdieron estado parlamentario por no haber sido tratadas en la Cámara de Diputados. Vale mencionar que durante ese año, el tema había estado sobre el tapete producto de severas inundaciones que afectaron unos 40 municipios bonaerenses, y que vinieron a recordar la función de “esponja” que cumplen los humedales frente a las lluvias.
El tercer proyecto sobre el tema fue presentado en febrero de 2016, y desde ese momento y hasta 2018 hubo en total 8 propuestas similares. Sin embargo, para noviembre de ese año, todas caducaron al no obtener media sanción en sus cámaras correspondientes. En agosto de 2020, tras una multitudinaria marcha y corte del puente Rosario-Victoria (Santa Fe-Entre Ríos), motivados por los incendios del Delta del Río Paraná entre febrero y octubre de ese año, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados dio inicio a los debates de los diferentes proyectos para una Ley de Humedales, que para entonces eran 15. Los reclamos sociales se multiplicaron en otras partes del país y la campaña en Twitter convirtió el hashtag “LeyDeHumedalesYa” en tendencia nacional. A su vez, circularon varios petitorios para pedir la unificación de todos los proyectos vigentes, lo cual finalmente se logró bajo el nombre de “Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales”.
En 2021, la noticia de carpinchos sueltos en el barrio cerrado Nordelta reavivó el debate y las campañas masivas por la aprobación de la ley, teniendo en cuenta que esos animales habitan precisamente los humedales, y su aparición en zonas urbanas parecía ser una clara evidencia de la degradación y disminución de su hábitat natural. El siguiente y más dramático episodio de la historia fueron los incendios en Corrientes durante el verano de 2022, que destruyeron casi un millón de hectáreas, equivalentes al 12 por ciento del territorio provincial, de acuerdo al informe oficial del Grupo de Recursos Naturales del INTA Corrientes. Este desastre, que hizo desaparecer principalmente zonas de esteros y bañados, volvió a encender el grito “Ley de Humedales ya”, aunque por el momento sin novedades positivas de parte de las y los legisladores. Por lo pronto, la noticia de la ley de Misiones sumada a la presión social que cada vez ejerce más fuerza parecerían ser la luz de esperanza para el devenir de una batalla que ya no quiere seguir contabilizando desgracias.
