Ver a mujeres al frente de luchas ambientales en la Argentina no es algo raro ni novedoso. Siempre están ahí, al pie del cañón, organizando una asamblea, tendiendo redes solidarias y aferrándose de las manos para decir stop a la desidia política y las prácticas empresariales que ponen en jaque la vida. Sin embargo, tal vez lo nuevo en estos tiempos, sea el hecho de que muchas integrantes de estas experiencias han comenzado a sentirse identificadas con una teoría que devino en movimiento mundial: el ecofeminismo.
“Es un movimiento social que surge en los setenta en Francia y se desarrolla en los EE.UU., pero en Latinoamérica y la Argentina se dio con condimentos particulares. En nuestras provincias, cada vez que se presenta un conflicto de este tipo, somos nosotras las que vamos al frente”, reconoce Belén Silva, abogada especializada en derecho ambiental y soberanía alimentaria, y activista antirracista en el colectivo Identidad Marrón.
“También somos las más afectadas por el cambio climático y la contaminación: en la ruralidad, las embarazadas son las principales víctimas de los agrotóxicos, ya sea porque trabajan en contacto con estos productos en las líneas de producción o incluso permaneciendo en sus casas, por lavar las ropas de familiares que están en el campo. Otra cara del problema se da en los barrios populares urbanos, donde las mujeres racializadas resultan las más afectadas por la contaminación y la falta de agua potable, porque componen los sectores más empobrecidos y tienen a cargo el bienestar de toda la familia”.
El ecofeminismo fue mencionado por primera vez en 1974 aludiendo al potencial de las mujeres para encabezar una revolución ecológica que propiciara un vínculo distinto entre los seres humanos y la naturaleza.
“El cambio climático profundiza las desigualdades sociales y necesitamos analizar qué vamos a hacer al respecto, porque tenemos dos datos muy claro: van a venir eventos meteorológicos extremos y hay grandes desigualdades en los territorios. ¿Qué vamos a hacer con eso? Sin luz no hay agua, y sin agua no hay posibilidad de lavarse las manos, cuidarse de las enfermedades, de cocinar… La pandemia funcionó como una lupa sobre desigualdades que siempre estuvieron ahí”.
Coincide con ella Flor Funoll Capurro, coordinadora del área de Ecofeminismo del Taller Ecologista de Rosario, una organización que surgió en 1985 buscando revertir las tendencias de deterioro del medioambiente y el creciente desdén humano por la naturaleza: “Somos las mujeres e identidades feminizadas las que históricamente ocupamos el rol de cuidadoras en el hogar; esto hace que seamos también las primeras en registrar el impacto de algún conflicto ambiental que afecta el lugar donde vivimos.
Ese problema que surge, seguramente dificulta nuestras tareas porque afecta la calidad del aire, del agua, de los alimentos o de cualquier insumo que haga a la sostenibilidad del hogar y a la salud de sus integrantes. Por eso, decimos que la incidencia de un conflicto ambiental en el trabajo de las mujeres, tiene una carga que supera las ya tan demandantes tareas de reproducción de la vida, y muchas veces la carga es aún mayor cuando se suma la militancia”.
Florencia define al ecofeminismo como una propuesta contra un modelo social y económico que pone en el centro y por encima de todo la reproducción del capital. “Por lo tanto, cualquier lucha que busque restablecer los lazos con la naturaleza y la ética del cuidado, es decir, que tome los principios de la ecodependencia y la interdependencia, y que ponga en el centro la reproducción de la vida, es una lucha ecofeminista”, afirma.
Como concepto, el ecofeminismo fue mencionado por primera vez en 1974 por la escritora francesa Françoise D’Eaubonne, en su libro Le féminisme ou la mort, aludiendo al potencial de las mujeres para encabezar una revolución ecológica que propiciara un vínculo distinto entre los seres humanos y la naturaleza, y también nuevas relaciones de género entre mujeres y hombres.
Actualmente, dentro de este movimiento conviven al menos dos miradas: una vertiente más esencialista, que sostiene que a partir de la posibilidad de dar vida con un útero, las mujeres estamos más próximas a la tierra y a la naturaleza; “y otra corriente denominada constructivista, con la que me siento identificada –dice Florencia-, según la cual hemos desarrollado esa sensibilidad o estamos al frente de las tareas de cuidado, debido a los roles que nos fueron asignados a partir de la división social del trabajo. Estamos predispuestas a ayudar, atentas a las necesidades de quienes nos rodean”.
Causa verde, causa de género
La Argentina tiene una extensa tradición de luchas de mujeres en defensa de sus territorios. Desde hace treinta años, son ellas quienes lideran las asambleas de Nonogasta, en La Rioja, batallando contra la contaminación provocada por las curtiembres; y también son reconocidas en todo el país las Madres de Ituzaingó, en Córdoba, las primeras que se animaron a denunciar, en 2002, el impacto de los agrotóxicos en la producción sojera.
Buenos Aires también tiene casos paradigmáticos. En 2008, tras años de reclamos, la psicóloga social Beatriz Mendoza obtuvo un fallo histórico que obliga al Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y a dar respuesta a la situación socioambiental más grave de la Argentina, que afecta de manera directa a unas 5 millones de personas. Beatriz estuvo expuesta durante años a la contaminación del Polo Petroquímico, lo que derivó en problemas de salud crónicos.
Otra heroína bonaerense es la docente Mabel Bastías, del partido de Pilar, quien alarmada a fines de los 90 por la leucemia de su hijo Nahuel, de tres años, comenzó una investigación solitaria que destapó el horror: en su barrio, en un radio de 100 metros alrededor de un transformador de media tensión, había más de 500 personas con diferentes tipos de cáncer. La mayoría eran niños y niñas. El hijo de Mabel falleció, pero su lucha decantó en la prohibición en todo el territorio nacional, en 2001, del peligroso contaminante PCB empleado en los transformadores eléctricos.
En los últimos tiempos también se han dado conquistas conmovedoras. En diciembre de 2019, luego de ser reprimidas con gases y balas de goma por el gobierno mendocino, las Madres del Agua -junto a docentes, estudiantes y reinas de la Vendimia- lograron revertir el veto de la valiosa Ley 7.722, que prohíbe en territorio mendocino el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias contaminantes. Los legisladores, que días antes habían vetado la normativa con la intención de promover la megaminería, se toparon con una resistencia popular tan rotunda, que debieron dar marcha atrás y restaurar la ley.
La Argentina tiene una extensa tradición de luchas de mujeres en defensa de sus territorios, como las de las asambleas de Nonogasta, en La Rioja o las Madres de Ituzaingó, en Córdoba.
Resistencia y diálogo
Para la abogada Cristina Maiztegui, asesora del Senado de la Nación y una de las creadoras y coordinadoras de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental, “los problemas del ambiente son transversales, por lo que la mirada del ecofeminismo puede aportar muchas herramientas conceptuales y metodológicas para comprenderlos”.
Maiztegui cuenta que fundó esta red con mujeres de todo el país hace cuatro años, con la idea de promover diálogos. “Ese es un sesgo bien de nuestro género, ¿no? Nos gusta invitar a la charla y al intercambio. En este caso, el diálogo entre los sectores productivos y quienes impulsamos la protección ambiental. El primero se dio en 2018, en el Senado de la Nación, con representantes de partidos políticos, empresas, cooperativas cartoneras y ONGs. Fue impresionante. Ahora terminamos otro ciclo con la Universidad de La Plata”.
“En la Argentina y en Latinoamérica, la mayoría de los conflictos ambientales son llevados adelante por mujeres. Todas las actividades productivas generan impactos que aquí no están siendo suficientemente atendidos. Tenemos que garantizar la sustentabilidad de las actividades productivas, es ahora o nunca. Celebramos la Ley de Educación Ambiental sancionada este año, pero sabemos que es apenas una herramienta sino cambiamos la lógica y dejamos de valorar más el lucro que el futuro”.
No es legislación lo que nos falta, aclara Cristina, sino reglamentaciones y políticas públicas adecuadas que la acompañen: “Hay muchas normativas sectoriales que no se cumplen, como la Ley de Bosques, la Ley de Cambio Climático, la ley de Residuos Industriales… ¡Desde 2004 esperamos la reglamentación de la Ley de Residuos Domiciliarios! Esto definitivamente retrasa las soluciones”.
Su colega Belén Silva apunta a la necesidad de un cambio de paradigma más radical: que la naturaleza sea considerada sujeto de derecho. “En San Juan y La Rioja están luchando hace años contra las mineras. ¿Por qué no nos preguntamos cómo se dan estos procesos en Bolivia, en Perú? Por un lado, tenemos que dejar de vernos como la Argentina ‘blanca’, alejada del resto de Latinoamérica. Y por otro, hay que empezar a hablar de los derechos de la naturaleza: verla como un sujeto a defender jurídicamente y no como un objeto del cual nos apropiarnos. Ecuador ya incorporó esta concepción en su última reforma constitucional y Bolivia la consensuó a nivel legislativo. No es la única solución, pero es un buen comienzo para poner en palabras esta crisis ambiental generada por un modelo de producción y consumo que solo busca arrasar con todo”.

Cristina Maiztegui, abogada, asesora del Senado de la Nación y coordinadora de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental.
“Como red nos sentimos parte del movimiento ambientalista, que no es lo mismo que ecologista. El concepto de ambiente no solo se ocupa de los sistemas ecológicos que están dentro del campo de la naturaleza, sino que incluye a la especie humana y sus expresiones: relaciones económicas, familiares, sociales, con la tecnología, en el ámbito del trabajo. El ambiente combina naturaleza y sociedad”.

Flor Funoll Capurro, coordinadora del área de Ecofeminismo del Taller Ecologista de Rosario.
“Aunque en la lucha afrontemos situaciones difíciles, nos hace felices y nos estimula mucho el encuentro con otras, esa sinergia hermosa que se da en el devenir de la casa a la calle para hacer escuchar nuestra voz ante las injusticias. Nos vamos dando cuenta de que no estamos solas, y sentimos cada vez más el calor contenedor y empático que generan los encuentros de mujeres”.

Belén Silva, abogada especializada en derecho ambiental y soberanía alimentaria.
“En Lanús hay vecinas luchando desde hace treinta años contra la instalación de fábricas graseras, que generan olores nauseabundos y emanan gases tóxicos que provocan enfermedades respiratorias y cutáneas. Ahora quieren instalar otra más. Aunque hay evidencia científica de la contaminación, pasan los gobiernos de turno, y todos desamparan a esta comunidad. Donde vive la gente pobre, los principios de protección legal dejan de existir.”
FOTOGRAFÍA: PEPE MATEOS / LEO VINCENTI