Belice se enfrentaba a un colapso económico. La pandemia había sumido al país en la peor recesión de su historia, y había puesto al gobierno al borde de la quiebra.
Pero la solución llegó de forma inesperada. Una bióloga marina local ofreció al primer ministro Johnny Briceño una propuesta novedosa: su organización sin fines de lucro le haría un préstamo al país para pagar a sus acreedores si su gobierno accedía a destinar parte de los ahorros que este acuerdo generaría a preservar sus recursos marinos.
del atolón de Turneffe.
Para Belice, eso significaba sus océanos, sus manglares en peligro y sus vulnerables arrecifes de coral.
El acuerdo resultante, conocido como bonos azules, es un ejemplo de un enfoque novedoso que ha permitido a un número cada vez mayor de países en desarrollo reducir su deuda invirtiendo en conservación, lo que les otorga un papel más importante en la lucha contra el cambio climático.
“Nos dio un respiro”, dijo Briceño. “En vez de los tenedores de bonos, ahora pagaremos para proteger nuestro medioambiente”.
En palabras simples, los bonos azules son el equivalente a refinanciar una hipoteca.
Al igual que otros países del mundo, Belice ha financiado su gasto público en parte mediante la venta de bonos internacionales, un tipo de deuda que permite a los gobiernos obtener capital, pero que a menudo los obliga a pagar altos intereses durante décadas.
En el marco del acuerdo de los bonos azules, Nature Conservancy, una organización sin fines de lucro con sede en Virginia, prestó a Belice más de 350 millones de dólares para que el país centroamericano pudiera recomprar bonos internacionales por valor de más de 500 millones de dólares.
Nature Conservancy financió el préstamo a través del banco Credit Suisse, con sede en Zúrich, que recaudó el dinero al vender nuevos bonos a clientes que buscaban productos financieros respetuosos con el medioambiente.
El acuerdo liberó más de 200 millones de dólares, es decir, casi una décima parte de la producción económica anual de Belice, para destinarlos a otros ámbitos. A cambio, Belice aceptó designar el 30 por ciento de sus aguas como protegidas, lo que limitó el alcance de actividades como la pesca y la construcción. También se comprometió a gastar 4,2 millones de dólares al año en la conservación de la biodiversidad de estas zonas.
Los defensores del acuerdo esperan que los incentivos financieros y climáticos ayuden a los países pequeños o pobres a escapar de los retos interrelacionados de la deuda excesiva y la degradación medioambiental, al abrir una vía de crecimiento sostenible.
Belice y Nature Conservancy intentan preservar un medioambiente amenazado por el aumento de la temperatura del agua, la erosión de las playas, la construcción y la sobrepesca.
Sin embargo, los esfuerzos de conservación a menudo chocan con las crecientes necesidades económicas de las vitales industrias turística y pesquera de Belice, lo que pone de manifiesto los retos de la financiación medioambiental.
“No se puede conservar todo y dejarnos sin donde trabajar”, dijo Ian Palacio, un pescador beliceño.
Palacio, de 43 años, se gana la vida en el prístino atolón de Turneffe, una extensa reserva marina de islotes cubiertos de manglares que está protegida por el acuerdo de conservación. El atolón se encuentra a lo largo del mayor arrecife de coral del hemisferio occidental y es rico en langostas, decenas de especies de peces, delfines, manatíes y árboles raros.
“La conservación es buena, pero tenemos que ver los beneficios”, añadió.
Desde sus rudimentarios campamentos de madera situados en medio de los manglares, Palacio y sus compañeros salen a diario durante la temporada de pesca en busca de langostas, la mercancía oceánica más valiosa de Belice.
Los pescadores usan técnicas que han cambiado poco a lo largo de los siglos: se sumergen hasta los salientes de madera construidos en el fondo del mar y cogen los crustáceos o utilizan largas varas para arrastrar las trampas para langostas hasta sus barcos.
Una docena de guardas patrullan las aguas del atolón, y comprueban las licencias de pesca y el tamaño de las langostas capturadas para proteger las poblaciones. Dicen que necesitan más combustible, personal, radios y armas para proteger mejor la reserva. Debido a la escasez de combustible, los guardacostas destacados en el atolón rara vez salen de su puesto.
“Si contamos con los recursos necesarios, podremos alcanzar el equilibrio adecuado en el ecosistema”, dijo Valdemar Andrade, administrador de la reserva.
Nature Conservancy cerró su tercer acuerdo de bonos azules en septiembre con Barbados, otro pequeño país caribeño abrumado por las deudas y que se enfrenta a las amenazas del cambio climático. Países con economías más grandes, como Ecuador y Sri Lanka, han hecho propuestas similares de canje de deuda.
Funcionarios gubernamentales y grupos ecologistas esperan que la propagación de este tipo de acuerdos haga que el cambio climático sea un factor en la forma en que los inversores privados, las organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y los acreedores soberanos como China prestan y recuperan billones de dólares de las naciones más pobres.
“La arquitectura financiera mundial no está preparada para dar a los países un crédito significativo por sus inversiones positivas en la naturaleza”, dijo Slav Gatchev, director de la división de deuda sostenible de Nature Conservancy.
Considerados durante mucho tiempo como un nicho de las finanzas mundiales, los llamados canjes de deuda por clima entraron en el sistema financiero tradicional durante la pandemia, ya que los bloqueos afectaron las economías y obligaron a los países en desarrollo a contraer nuevas deudas a un ritmo récord, mientras se reducían los ingresos necesarios para pagar los compromisos económicos.
La idea de dar a los países en desarrollo algún tipo de condonación de la deuda a cambio de acciones climáticas comenzó en la década de 1980 como una forma de ayudar a proteger los bosques tropicales.
La diferencia del modelo que ofrecen los bonos azules es que, en vez de dar a los países modestas reducciones de deuda de una sola vez, reúne los recursos de los mercados financieros mundiales para desbloquear nuevos fondos de conservación, dijo Gatchev, de Nature Conservancy.
El primer país que adoptó los bonos azules, Seychelles, un país insular del océano Índico, ha cumplido su objetivo de proteger el 30 por ciento de sus aguas, lo que proporcionó santuarios a las especies vulnerables, según Nature Conservancy. La actividad humana está prohibida o muy restringida en aproximadamente la mitad de las zonas protegidas.
Sin embargo, economistas y conservacionistas afirman que estos acuerdos financieros únicamente cubren una parte de las necesidades mundiales urgentes.
La deuda combinada de 683 millones de dólares canjeada por Belice y Barbados representa el 0,03 por ciento de lo que los países en desarrollo debían a los acreedores privados a finales de 2020, según el Banco Mundial.
Y los 134 millones de dólares que ambos países se han comprometido conjuntamente a destinar a la conservación del medio marino durante los próximos 20 años son una fracción aún más pequeña de los 125 billones de dólares que, según las Naciones Unidas, deben gastarse en todo el mundo para alcanzar las emisiones netas cero en 2050 y evitar las peores consecuencias del cambio climático.
Algunos economistas afirman que la condonación de la deuda no tendrá un impacto duradero en los países pequeños y dependientes del turismo, a menos que diversifiquen sus economías e impulsen la productividad.
El impacto medioambiental global de los bonos azules también es limitado porque los gobiernos tienen años para demostrar los avances en materia de conservación y no están obligados a imponer límites estrictos a la actividad humana en sus aguas.
Aun así, según sus partidarios, las iniciativas de condonación de la deuda podrían contribuir a la acción climática al alinear los intereses financieros de los inversores internacionales y los países pequeños, dándoles más recursos para el gasto público e incentivos para crecer de forma más sostenible.
“¿Cómo priorizo la erosión de las playas cuando tengo que escolarizar a más niños o tengo que vacunar a la gente?”, dijo Henry Mooney, economista caribeño del Banco Interamericano de Desarrollo. “Este es un dinero para la conservación que no habría existido de otro modo”.
Los negociadores de los bonos azules dicen que el acuerdo obliga a los países a rendir cuentas al permitir que los acreedores presenten demandas en los tribunales internacionales si no cumplen sus obligaciones financieras o de conservación, lo que hace que los acuerdos sean menos arriesgados para los grandes gestores de activos y los fondos de pensiones.
Por eso, los canjes de deuda son más atractivos para los inversores occidentales que buscan ganar dinero vinculado a causas positivas, como la conservación.
“Invertir no es un negocio altruista, los inversionistas no se limitan a regalar dinero”, afirma Ajata Mediratta, socio de Greylock Capital Management, un inversor con sede en Estados Unidos que participó en la operación de los bonos azules.
En Belice, el acuerdo de canje de deuda ha permitido al gobierno reducir la carga de su deuda y aprobar el mayor presupuesto de la historia del país este año, según Christopher Coye, ministro de finanzas de Belice. El gasto social ha vuelto a niveles prepandémicos y se espera que la economía crezca casi un seis por ciento este año.
Para cumplir los términos del acuerdo, este país de 400.000 habitantes prohibió la venta de islotes de propiedad pública en gran parte de su arrecife de coral. El gobierno también creó más de 2000 kilómetros cuadrados de zonas marinas recientemente protegidas y planea poner otros 5000 kilómetros cuadrados bajo protección para 2026.
Pero aunque la preservación se ha intensificado, muchos atolones de la zona recién protegida ya habían sido vendidos y convertidos en complejos turísticos o villas privadas. El acuerdo sobre los bonos azules también ha dejado intactas en gran medida las zonas de pesca actuales, a pesar del daño que la industria puede infligir a la vida marina del país.
Más allá de los objetivos financieros y de conservación, el mayor beneficio del canje de deuda podría ser, en última instancia, reimaginar la identidad nacional, dijo Julie Robinson, nativa de Belice y directora de The Nature Conservancy en el país.
La pandemia cerró de la noche a la mañana la industria turística del país, lo que obligó a muchos de sus ciudadanos a volver a la pesca y la agricultura para alimentarse. Al hacerlo, puso de manifiesto el valor y la fragilidad de la riqueza natural de Belice, dijo.
“Como beliceña, quiero asegurarme de que, como país, seamos capaces de crecer y prosperar”, dijo Robinson. “Espero que con este acuerdo de bonos podamos dar un paso atrás y pensar críticamente en nuestro futuro. ¿Qué tipo de desarrollo queremos?”.
Anatoly Kurmanaev es corresponsal de The New York Times, radicado en Ciudad de México desde donde cubre México, Centroamérica y el Caribe.
