Una valiosa celebración tiene lugar a comienzos de octubre desde 1990: el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino, cada 8 del mes y con la intención de invitar a toda la sociedad a la reflexión y el interés por la preservación de estos bienes. A qué cosa o lugar se considera un bien patrimonial puede sonar muy amplio –y lo es– pero está claramente definido: desde el Ministerio de Cultura de la Nación se habla de “todo lo que tenga un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia”, y para ello se debe analizar el grado de significación que tienen a nivel histórico, social y testimonial, artístico, arquitectónico, urbano o ambiental. El objetivo de esta figura es custodiar y guardar esos elementos porque forman parte y definen nada menos que a la identidad de un pueblo.
En cuanto al patrimonio cultural, aunque esencialmente el concepto conduce a pensar ejemplos de edificios, documentos, obras de arte, elementos o estructuras arqueológicas, también incluye, y cada vez más, a los bienes inmateriales. Esto es: tradiciones, historias, relatos de transmisión oral, recetas y conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación. Por su parte, y siempre de acuerdo al sitio oficial del ministerio, el patrimonio natural comprende aquellos monumentos integrados por formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, como pueden ser ciertas formaciones geológicas y las zonas que constituyan el hábitat de especies amenazadas. En resumen, aquellas que sean relevantes para las ciencia, la conservación o la belleza natural.
Para Luis Cappozzo, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), existe un vínculo muy estrecho entre ambos tipos de patrimonios; tan íntimamente ligados están que, de hecho, no pueden disociarse. “Nuestro país tiene ecorregiones o ambientes muy diversos con diferentes particularidades no solo en cuanto a la geografía sino también en su biodiversidad. Dentro de cada uno hay una esfera cultural que está íntimamente relacionada con dicho espacio”, explica el experto, y da como ejemplo la Cueva de las Manos, un sitio arqueológico con arte rupestre ubicado en el profundo cañón del río Pinturas, en Santa Cruz, “un patrimonio insoslayable que forma parte de nuestra cultura e identidad inmerso en un ambiente que es patrimonio natural”, argumenta.
Algo parecido sucede, continúa Cappozzo, en la relación entre patrimonio natural y derechos humanos, inherente “desde la propia Constitución Nacional, documentos de las Naciones Unidas o en el derecho universal, donde no pueden disociarse uno del otro”. En este sentido, el punto de vista que plantea es más que interesante: “Quienes violentan los DDHH, en general tienen el mismo origen o suelen ser los mismos cuadros políticos, corporaciones o empresas multinacionales de extrema necedad que solo quieren beneficios para pocos en detrimento de las mayorías, como por ejemplo los grupos que hacen lobby para frenar leyes esenciales para garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales, como la de humedales, entre otras”.
Patrimonio es todo lo que tenga un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, y para evaluarlo se debe analizar el grado de significación que tienen a nivel histórico, social y testimonial, artístico, arquitectónico, urbano o ambiental.
Como asesor del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET, que fortalece los lazos entre la comunidad científica y los sistemas judiciales y fuerzas de seguridad para acercar las ciencias a la administración de la justicia, Cappozzo opina que la principal amenaza que enfrenta hoy tanto el patrimonio cultural como el natural tiene que ver con el impacto de la explotación de los recursos renovables y no renovables, algo que sucede no solo en nuestro país sino en todo el mundo. “Hoy el cambio climático es producto de la manera en que nuestra especie realiza la extracción y explotación de los recursos disponibles, y entonces el desafío de este lado es frenar a las élites a través de la legislación para poder hacer una mejor transición de las energías que yo llamo ‘de la muerte’, es decir aquellas a partir de derivados de petróleo, hidrocarburos, gas y carbón, a las ‘de la vida’, que son las renovables: solar, eólica, mareomotriz, incluso la hidroeléctrica”, apunta.
Desde la Fundación Directorio Legislativo, que junto a otras organizaciones lleva adelante el proyecto Voces, que busca fortalecer el protagonismo de las comunidades más vulnerables en temas ambientales y territoriales, Julieta Buchini cuenta el trabajo que realizan en las poblaciones indígenas y locales, quienes presentan los índices socioeconómicos más preocupantes, con una gran distribución geográfica que acrecienta las brechas de desigualdad. Abanderados indiscutidos del patrimonio cultural en nuestro país y Latinoamérica, el desafío de estos grupos pasa hoy por la conservación de sus tradiciones, valores, instituciones y formas de vida, una lucha a su vez muy ligada a la preservación de sus territorios.
“Los proyectos que gestamos apelan a la incidencia colaborativa frente a sectores estratégicos como el público y el privado, y les damos herramientas para que puedan entrar en diálogo con ellos. Cuando hablamos de no invisibilizar a estas comunidades, nos referimos concretamente a hacerlos parte de la toma de decisiones del uso de sus bienes y sus recursos naturales, de darles espacio desde el discurso y el accionar político, y de respetar sus derechos haciendo valer la legislación vigente. Es importante tener presente todo el tiempo que cuidar la cultura de estas poblaciones es en definitiva cuidar toda la cultura argentina”, desarrolla Buchini, Directora de Proyectos de la fundación.
“Defender este patrimonio cultural esencial de la identidad argentina quiere decir alzar la voz de estos grupos y hacer valer sus derechos. Hay leyes que los protegen pero muchas no están regularizadas”, apunta la referente. En particular, alude al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales y al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. “Para luchar por esas normas, primero tiene que haber mecanismos de participación y de consulta que involucren a estas poblaciones y que la difusión de información sea abierta, porque suele suceder que la información está pero no es fácil de leer o comprender, entonces si el mensaje no es claro, es difícil que se pueda conocer y aplicar”, añade.
Como ejemplo, Buchini menciona la actividad extractiva en las regiones en las que trabaja la fundación: Salta, Catamarca, Jujuy y Patagonia norte. “En estos casos es vital estimular y mantener un diálogo intersectorial que permita la buena convivencia entre los distintos actores, empresas y sociedad civil sin vulnerar ningún derecho”, enfatiza. En línea con esta idea de fortalecimiento de la relación entre las distintas partes de la sociedad, Cappozzo subraya la responsabilidad de las autoridades en hacer buen uso de la capacidad de los recursos humanos con los que cuenta, “que en materia de ciencia y tecnología en el país son de excelente nivel y con gran capacidad de brindar herramientas para atravesar las distintas transiciones de la mejor manera posible”.
