Más del 60 por ciento de los mares y océanos del planeta está por fuera de las jurisdicciones de las naciones, es decir que no pertenece a ningún país. Pero tampoco parece acertado decir que son aguas libres, ya que al fin de cuentas esa no posesión del territorio redunda en una disputa por la explotación de sus recursos –si no es de nadie, entonces ¿es de todos?– además de que responsabilidad de su cuidado y protección queda peligrosamente desdibujada. Con el objetivo de sentar bases sobre estos aspectos a través de la redacción de un tratado global sobre la biodiversidad marina, las naciones miembros de Naciones Unidas venían manteniendo reuniones periódicas en los últimos años, aunque finalmente todo quedó en la nada cuando el último encuentro, celebrado en agosto pasado, terminó en un fracaso de las negociaciones y a la espera de una nueva fecha para volver a discutirse.
Las zonas en cuestión son altamar y los fondos oceánicos, hogar de valiosos ecosistemas e infinidad de especies de todo tipo que necesitan un hábitat saludable para desarrollarse y cumplir su rol en la naturaleza. Las expectativas de cara a la última sesión –que parecía la más prometedora– eran las mejores: se esperaba que culminara con un consensuado texto sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las áreas que están más allá de la frontera de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de las naciones, que según el derecho internacional llegan hasta los 370 kilómetros de la costa de cada país y no están bajo la jurisdicción de ningún Estado. Uno de los puntos más esperados del fallido tratado tenía que ver con sentar las bases para la creación progresiva de áreas marinas protegidas, una figura esencial para garantizar la protección de sus servicios ecosistémicos.
De la última reunión se esperaba que culminara con un texto sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las áreas que están más allá de la frontera de las zonas económicas exclusivas de las naciones, que llegan hasta los 370 kilómetros de la costa de cada país y no están bajo la jurisdicción de ningún Estado.
Según trascendió luego de la reunión, entre otras cuestiones las delegaciones de los distintos países no lograron ponerse de acuerdo en cuanto a los procedimientos para crear dichas áreas protegidas ni sobre el requisito de impacto ambiental frente a nuevas actividades. Pero además, la discusión nunca escapó a las profundas diferencias que subyacen entre los llamados países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo en torno a los manejos, responsabilidades y consecuencias de las grandes problemáticas medioambientales como el calentamiento global, además de intereses contrapuestos que no pueden negarse. Sobre esto último, se destacó la cuestión de la investigación con fines farmacéuticos o cosméticos, un atributo claramente atado a los países más ricos, pero de cuyos beneficios y ganancias el resto del mundo no quiere quedar exento porque, otra vez, son aguas internacionales sin dueño.
En rigor de verdad, el tema ni es nuevo ni está completamente acéfalo. Existe algo que popularmente se conoce como la “constitución de los océanos”: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Lo que ha sucedido de la mano del desarrollo global y el crecimiento de las poblaciones es el aumento de actividades económicas, usos y explotación de los ambientes marinos que los dejan gravemente desprotegidos, y entonces se hace necesario alcanzar nuevos acuerdos específicos que establezcan límites más precisos. La sesión de agosto fue la cuarta y última del ciclo de reuniones formales programado por la ONU a finales de 2017 para avanzar en el desarrollo de un instrumento jurídicamente vinculante en el marco de la convención nombrada más arriba. A los ítems de por sí álgidos que se han estado discutiendo, se suma la necesidad de ponerse de acuerdo, precisamente, en cuanto a la resolución pacífica de conflictos o a los principios que deberán regir el tratado. Ahora, se espera que la Asamblea General de la ONU disponga una cita futura para volver a tratar la cuestión.