«El agua es una cuestión de derechos. A medida que crece la población mundial se genera una necesidad creciente de conciliar la competencia entre las demandas comerciales de los recursos hídricos para que las comunidades tengan lo suficiente para satisfacer sus necesidades”. La sentencia es parte de los desafíos globales de desarrollo sostenible que plantea las Naciones Unidas. Nuestro país no está exento de esa pugna que parece abrir un abanico de disputas entre los distintos sectores del desarrollo económico y la protección del medio ambiente en las que intervienen, con distintos grados y responsabilidades: empresas, sociedad civil, ámbito científico y Estado.
“La utilización del agua es un aspecto de importancia para el sector, por lo que se trabaja constantemente en el desarrollo de prácticas de uso eficiente. Gracias a esto, el consumo de agua de la industria minera es muy inferior al de otras actividades”, aseguró Franco Mignacco, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Según describió, actualmente la mayoría del procesamiento de mineral en una mina metalífera es dentro de un circuito cerrado, “lo que reduce considerablemente la toma de agua fresca”. “En otras palabras”, agregó, “la mayoría del agua que se utiliza queda dentro del sistema y sólo se pierde la que se evapora o que contiene el mineral concentrado. En los procesos hidrometalúrgicos hay entre 70 y 90% de eficiencia en el uso del agua”.
Toda actividad industrial que incluya el uso del agua en su ecuación, camina en una delgada línea entre la prosperidad económica y la destrucción ambiental.
La mirada de Bruno Fornillo es otra. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), especialista en lo que concierne a recursos naturales, energía y geopolítica en Sudamérica, sostuvo que “las actividades mineras a cielo abierto requieren grandes cantidades de agua, porque la minería contemporánea ya no es aquella de vetas prístinas. No está el mineral puro y la obtención se logra con muchos químicos y mucha agua”.
El investigador le apunta, sobre todo, al proceso de extracción del litio, ya que “hay mucha agua que se pierde por evaporación y mucha agua dulce que se usa para la depuración, en zonas áridas en la que estas infraestructuras distorsionan el ciclo hidrológico natural, donde el agua de lluvia o del río se bombea, se crean piletas y no se permite que circule”.
Sin embargo, Mignacco destaca que en cuanto a los procesos “en Argentina estamos al nivel de los países más desarrollados. La actividad minera siempre se realiza aplicando la mejor tecnología disponible, dado que la eficacia es parte de la ecuación del negocio.
Es un proceso continuo en busca de seguir incrementando la eficacia y la seguridad. El agua utilizada se trata, se analiza y se controla. Todo esto es monitoreado por las autoridades y por la propia sociedad”.
La sociedad, justamente, es uno de los actores clave. Pero, alejada de los círculos de decisión, muchas veces no termina de involucrarse en un tema que, finalmente, termina por atravesarla. Es allí donde aparecen articuladores como el Proyecto Voces. “Lo que hacemos es proporcionar información para mejorar el diálogo entre la sociedad civil, los gobiernos y las empresas”, sintetizó Roberto Sarudiansky, integrante del programa que impulsan las organizaciones Fundación Directorio Legislativo, Cambio Democrático y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con el apoyo de la Unión Europea.
Licenciado en Ciencias Geológicas y profesor de la UNSAM, explicó cómo funciona, en alianza con una organización local, en las provincias de Jujuy, Catamarca, Salta y Neuquén: “Convocamos a referentes de las comunidades para que ellos difundan la información. A partir de allí organizamos talleres sobre distintas temáticas como la legislación, los aspectos técnicos de las industrias extractivas, sobre cómo controlar, también herramientas de negociación con las otras partes. Luego sigue otra fase para identificar pequeños proyectos de organización y capacitación de las propias comunidades”.
El trabajo es con la comunidad, pero al intervenir en territorios provinciales deben dar aviso a las autoridades y funcionarios de las áreas involucradas como medio ambiente, minería y recursos hídricos. “La primera reacción es ‘¿Qué vienen a hacer acá? ¿Van a sublevar a las comunidades?’. Tenemos que aclararles que vamos a darles herramientas para que las cosas funcionen mejor. Lo mismo hacemos con las organizaciones empresariales. El miedo de la gente, principalmente, es la falta de los controles”. Pero, ¿quién controla?
Para el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, está claro. “Según la Constitución las provincias ejercen el dominio sobre los recursos naturales; tienen el derecho para legislar sobre su explotación y la obligación de proteger los recursos, pero no son las dueñas. Por lo que el Estado nacional tiene una tarea bastante importante en garantizar la sustentabilidad, para que esos recursos se exploten en beneficio del conjunto”.
“Nosotros desde nuestra gestión cumplimos con esa responsabilidad. Fuimos los primeros que inspeccionamos el funcionamiento y los residuos de Vaca Muerta e hicimos revisiones inéditas, en conjunto con las provincias, en las mineras de Catamarca y San Juan”, añadió.
Fornillo es escéptico. “Muchas veces el Estado queda entrampado y no puede intervenir en la relación entre las provincias y las empresas. Estamos en el sur del sur, ¿qué importa si usan más o menos agua? De hecho, en el norte de Chile ya no tienen agua dulce, están desalinizando la del mar, lo que insume mucha energía. Por eso ahora las empresas chilenas están viendo si desarrollan nuevas tecnologías”.
El investigador detalló que algunas iniciativas innovadoras “podrían separar el litio de los otros elementos presentes en la salmuera, mediante un proceso de absorción selectiva, sería como ‘pescar’ el litio, lo que no consumiría agua. Pero esas técnicas no tienen la madurez necesaria todavía y son costosas para la escala que les interesa explotar. Necesitamos estándares ambientales altos que no tengan en cuenta sólo el aspecto económico”.
En ese punto, Mignacco vuelve a destacar los programas de estándares internacionales de calidad, como “Hacia una Minería Sustentable” (HMS o TSM, por sus siglas en inglés), “supervisado por un panel consultivo ad honorem e independiente, conformado por personas de la sociedad civil de intereses diversos, que incluye miembros de la comunidad académica, de ONGs ambientales y representantes de las comunidades, entre otros. Tiene un protocolo específico sobre manejo del agua y se aplica a nivel internacional, en países como Canadá, Australia y Noruega. Argentina fue el primer país latinoamericano en adherir”.
superficie de la Tierra que ha sido transformada por el impacto de la presencia humana.
Para que el país crezca, desarrollo productivo y ambiente deben ir de la mano.
Pero para Fornillo se debe ir más allá y es necesario un cambio de enfoque que abandone toda “visión extranjerizante” de los recursos. Según su visión, la pérdida de soberanía no es negociable. “En el caso del litio, debemos declararlo recurso estratégico, captar más renta, cuidar el ambiente y respetar los derechos comunitarios. Porque las provincias más pobres tienen menos defensa para oponer. Lamento tener un panorama pesimista, pero considero que es el verdadero”.
La conclusión de Federovisky es que “siempre falta hacer más, pero está claro que la industria minera no es la misma de hace 30 años. Saben que hay muchos ojos posados sobre ellos y hay un cambio de paradigma; antes la producción era una especie de dios supremo y nada podía interferir. Hoy está claro, por los resultados ambientales, que eso no puede seguir así y que no existe licencia social ni voluntad de los gobiernos, al menos de este, de validar una actividad productiva solo porque genera riqueza. Porque los pasivos ambientales que tenemos vienen justamente de esos tiempos, cuando la industria, o una parte de ella, actuaba fuera de la ley”.
