Es un reclamo que viene creciendo en el último tiempo: los países más pobres del mundo exigen cada vez con mayor impulso una compensación económica por las consecuencias del cambio climático. Y es que, sin ser los principales responsables ni ejecutores de las prácticas históricas que han derivado en este fenómeno transformador de las temperaturas y patrones climáticos a nivel mundial, sí son los que se llevan la peor parte de sus efectos. Esta injusticia tiene una explicación relativamente sencilla: las naciones en vías de desarrollo no solo no son las más industrializadas y, por ende, tampoco las mayores consumidoras de carbón, petróleo y gas –importantes causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera–, sino que además, sus comunidades son altamente dependientes de la agricultura y ganadería para su subsistencia, sistemas productivos que resultan muy perjudicados por el calentamiento global, y de esta manera se cierra el círculo de crisis y vulnerabilidad que los tiene atrapados.
Frente a esta realidad, apoyada cada vez más por estudios científicos y reportes de movimientos activistas e incluso de organismos internacionales, los gobiernos de las naciones vulnerables comenzaron a organizarse para exigir no solo mayor ayuda financiera para adaptarse a la vida en un planeta más caliente y con profundas vicisitudes e imprevistos climáticos, sino una indemnización por los daños ya ocasionados. El ítem, que encuentra resistencia en los países más poderosos, fue subrayado a mediados de septiembre pasado, durante la 18º Conferencia de los Ministros de Medioambiente de África, celebrada en Dakar, la capital senegalesa. Allí, el ministro del país anfitrión expresó: “Las inundaciones, las erosiones costeras, las lluvias no estacionales aumentan cada día como los fenómenos naturales. Es un deber establecer un fondo para recuperar esta pérdida en estas regiones del mundo”.
El pedido va más allá de la ayuda financiera, que ya está garantizada: se trata de una indemnización por los daños ya ocasionados. Con resistencia en los países más poderosos, el concepto fue subrayado durante la 18º Conferencia de los Ministros de Medioambiente de África, celebrada en Senegal en septiembre último.
La demanda será una de las banderas de este grupo de países, que excede a los africanos, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022, conocida como COP27, que se llevará a cabo del 6 al 18 de noviembre próximo en Egipto. Según un reciente estudio científico de la Universidad de Dartmouth, en Hanover, Estados Unidos, el mayor emisor de carbono a lo largo de los años ha sido precisamente ese país, y los daños climáticos causados a otras naciones entre 1994 y 2014 se valúan en más de 1,9 billones de dólares, incluyendo 310.000 millones en daños a Brasil, 257.000 millones a la India, 124.000 millones a Indonesia, 104.000 millones a Venezuela y 74.000 millones a Nigeria. En paralelo, asegura el trabajo, publicado en julio último en la revista Climate Change, la contaminación por carbono ha beneficiado al propio emisor en más de 183.000 millones de dólares.
De acuerdo a un artículo difundido a comienzos de este año por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir de un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la adaptación al cambio climático es una necesidad para todos los países, ricos y pobres. Este abordaje de los riesgos derivados del cambio climático y de los fenómenos meteorológicos extremos, deben incluir fundamentalmente el salvaguardo de la agricultura, la gestión del impacto del aumento del nivel del mar, y la mejora en la resiliencia de la infraestructura. Las ventajas que este accionar trae están comprobadas, pero se trata de inversiones descomunales que en muchos casos superará los índices del producto bruto interno, lo cual supone un desafío mucho mayor para las naciones más vulnerables.
El artículo del FMI reconoce expresamente que estos países “soportarán los efectos más devastadores del cambio climático a pesar de no ser sus causantes”, al tiempo que subraya que, no obstante, a todo el planeta le conviene garantizar que el cambio climático no ponga en peligro el desarrollo y la estabilidad en las regiones más pobres, con lo cual la inversión en este sentido es un requerimiento que atraviesa a toda la comunidad internacional.
Si bien la promesa de ayuda financiera para reducir las emisiones de carbono a futuro por parte de los países ricos a los pobres parecería estar garantizada, es lo referido a la indemnización por las pérdidas y daños ya sufridos lo que no logra un acuerdo en las reuniones globales sobre el tema. EEUU y China, los dos mayores responsables de la acumulación de GEI en la atmósfera, ponen en tela de discusión que sean sus actividades las que hayan causado los daños específicos que se reportan en otras partes del mundo. Los autores del estudio, precisamente, aseguran que la investigación es la primera en lograr trazar la línea de causa-consecuencia entre las naciones emisoras de gases contaminantes hasta los efectos en las más perjudicadas.
