Su presentación en el Congreso en octubre de 2021 fue tapa de medios y se acompañó con una masiva movilización que reunió a unas 10 mil personas y se bautizó como “la marcha cartonera más grande del mundo”. La Ley de Gestión Integral de Envases, Responsabilidad Extendida del Productor, e Inclusión de Trabajadoras y Trabajadores Recicladores, conocida como Ley de envases con inclusión social, era un logro en materia medioambiental, pero también el de un sector con un rol tan imprescindible como invisible: el de cartoneros y recuperadores urbanos, históricamente ignorados en la vorágine y el cemento de las grandes ciudades. Sin embargo, la celebración inicial duró poco: luego de obtener dictamen favorable en las comisiones de Recursos Humanos y de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la iniciativa finalmente nunca se trató en el recinto y perdió estado parlamentario. Ahora espera volver a iniciar el recorrido legislativo, aunque en lo que va de 2022 eso aún no ha sucedido.
Gestado por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) en conjunto con organizaciones sociales, sindicales, políticas, ambientales y las cámaras de reciclado de la industria; el proyecto de ley fue elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) y obtuvo impulso inmediato del Poder Ejecutivo con la firma del presidente Alberto Fernández. El punto más álgido de la norma es aquel que plantea una “Responsabilidad Extendida del Productor” (REP), considerándolo responsable de los envases que utiliza hasta que se convierten en residuos. Básicamente, propone incluir un impuesto a las empresas, que sería de hasta el 3 por ciento del valor del producto dependiendo de diversos factores. El fondo obtenido se destinaría a fortalecer las cooperativas de cartoneros como así también los sistemas municipales de gestión de estos residuos, creando más plantas de reciclaje y tratamiento.
Mientras la iniciativa espera su tratamiento, circulan denuncias que aseguran que algunas grandes empresas estarían dilatando el tratamiento parlamentario a favor de sus intereses económicos. Al respecto de la REP, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental del MAyDS, Sergio Federovisky, señala: “El proyecto de ley establece en su artículo 9° que todo productor deberá, respecto de aquellos envases que no estén sujetos a un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización, y mediante el pago de la tasa ambiental establecida en el artículo 24°, utilizar los sistemas locales de gestión integral a fin de gestionar los envases introducidos por ellos al mercado”. Es decir, enfatiza el funcionario, que en el supuesto de que las empresas que introducen envases en el mercado no cuenten con un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización de los mismos, entonces deberán abonar la tasa, que será destinada a fortalecer los sistemas locales de gestión integral municipales, que es donde finalmente serán tratados dichos envases.
Involucrada en los debates que respaldan el proyecto de ley, Cristina Maiztegui, coordinadora de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental (MEDA), enfatiza el hecho de que “son residuos pero no desechos: de hecho son materiales valiosos que con la sola tarea de clasificarse y separarse recuperan su valor y tienen una cotización no solo a nivel nacional sino también internacional”. Concretamente, hablar de envases es hacer referencia a una porción muy importante de los residuos domiciliarios o sólidos urbanos, dado que constituyen entre el 30 y el 50 por ciento del total de residuos que se generan en cada ciudad. “Se trata de latas de aluminio, botellas de vidrio o plástico, cajas o envoltorios de cartón, y bolsas o embalajes de cualquier tipo que se utilizan para contener todos los productos que se intercambian en una sociedad”, explica la especialista, y continúa: “Como no revisten peligrosidad, tienen que estar incluidos en un tratamiento integral, una cuestión que afortunadamente es abordada en Argentina desde hace varios años”.
Los plásticos son residuos pero no deshechos o basura: son materiales valiosos que con la sola tarea de clasificarse y separarse recuperan su valor y tienen una cotización nacional e internacional.
Maiztegui se refiere a la ley 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios, del 2004, la primera en comenzar a regular el tema habilitando el trabajo de los recuperadores urbanos, entonces llamados “cirujas”. “En realidad proyectos se vienen presentando desde 1996, pero el 2001 fue importante por el surgimiento de los cartoneros como nuevos actores sociales que se organizaban en los centros urbanos en torno a la captación y clasificación de estos residuos que antes se enterraban en rellenos sanitarios”, relata la referente. Como los materiales tienen distintas características, pronto aparecieron diferencias en su gestión y, en el caso del plástico, el problema de su bajo peso hacía que su recuperación no fuera conveniente para esos trabajadores y trabajadoras. De ahí la necesidad de una intervención estatal que justamente pudiera garantizar un mercado de recuperación, valorización y de economía circular con inclusión social, apelando a la participación de estos sectores “que además han aprendido y mejorado mucho en sus métodos y logísticas”, añade.
Claro que se trata de un camino largo que tiene profundos cambios culturales como una de sus principales aristas. Mientras que las industrias dedicadas al reciclado crecen –hay unas 60 empresas registradas– y los volúmenes también (según la “Mesa nacional de promoción de la economía circular del plástico” de 2020, en Argentina se valorizan unas 250.000 toneladas por año), sigue faltando trabajo a nivel de concientización de las y los ciudadanos en cuanto al consumo y la separación en origen, ya que es alto el porcentaje de los hogares que aún no lo hace, y es otro importante eslabón en la cadena del manejo integral. “Ahora contamos con estudios científicos y datos de experiencias de toda Latinoamérica. Hay mucha más información que hace veinte años, así que pienso que es un momento de gran madurez para que nuestro país defina una ley de gestión ambiental de los envases capaz de prever sustentabilidad en sus tres ejes: económico, social y ecológico”, reflexiona Maiztegui.
Un factor importante en esta historia que, aun con el planteamiento de algunos cambios y ajustes, el actual proyecto de ley cuenta con el visto bueno en líneas generales de todos los sectores involucrados, que además fueron convocados a participar de los debates que respaldan el texto. Según Maiztegui, de hecho todos los proyectos de ley sobre el tema han sido debidamente trabajados con asesoramiento técnico, profesional y académico, en diálogo con universidades, especialistas, organizaciones de la sociedad y de recuperadores urbanos, con los actores de la industria y grupos empresarios de grande, mediana y pequeña escala. Asimismo, también han sido múltiples las reuniones con autoridades municipales, provinciales, nacionales, e incluso con grupos expertos extranjeros y embajadas de otros países. En la región, precisamente, Chile, Colombia y Uruguay ya tienen modelos similares. Esperemos que la experiencia argentina comience pronto.
