La Cámara de Diputados tiene en agenda el debate del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo, elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié y cuyo objeto es «reducir su impacto sobre el medioambiente» e integrar en el proceso a los trabajadores que se dedican al reciclado.
Los envases post consumo, especialmente aquellos que en su composición son heterogéneos, generan un impacto ambiental negativo a lo largo de su ciclo de vida –es decir, en su etapa de producción, transporte, consumo y recolección–, cuando no está regulada su gestión.
Según los fundamentos de la norma, en la Argentina se computa una generación de aproximadamente 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. Por lo que atañe a este proyecto, de ese número se estima que un 21,2% son residuos de Envases Post Consumo. Estos datos de cantidad de residuos se enmarcan “en una sociedad de obsolescencia programada y precoz, de consumo desvinculado con los impactos dañinos que acarrea la generación de residuos y de tendencia al aumento de dicho consumo y descarte”, dice el proyecto.
En nuestro país existen cerca de 5000 basurales a cielo abierto y sitios de disposición final irregular. Muchos de estos sitios se convierten en la fuente de trabajo de una gran cantidad de recuperadores y recuperadoras informales, quienes realizan tareas sin ningún tipo de elemento de protección personal.
Más allá de la enumeración de obligaciones para unos y otros, la ley crea el Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE), que tendrá, entre otras cosas, el monitoreo de los sistemas de gestión, la mayoría de ellos con cooperativas de reciclaje, que conformarán “las autoridades locales, consorcios regionales, u otras entidades que las reemplacen”, y que integrarán los “Sistemas Locales de Gestión Integral de Envases, optimizando sus servicios de gestión pública y/o pública-privada preexistentes, y observando los objetivos, principios y jerarquía de opciones indicados en la presente Ley”.
Para financiar el sistema se creará, siempre de acuerdo con el proyecto, la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida (TAREP) respecto de los envases alcanzados por esta ley, la que tendrá como objeto garantizar la protección mínima ambiental, evitar el impacto negativo que estos generan sobre el ambiente de no gestionarse de acuerdo con la jerarquía de opciones, y dar cumplimiento a los restantes objetivos del artículo 2° de la presente. Los productores responsables de la puesta en el mercado de los mismos deberán abonar la TAREP.
Pensada como una ley ambiental, la inciativa plantea la «responsabilidad extendida del productor»: propone que todo aquel que elabora algún producto que se vende en un envase, sea el que se haga responsable por el tratamiento que deberá darse a ese envase luego del consumo, para reciclarlo. Con esta idea, fija una «tasa de inclusión» de hasta el 3 por ciento del precio del producto (es más baja cuanto más reciclable sea el envase, entre otras variables). Lo recaudado irá directo a programas que beneficien a los cartoneros, abrir nuevos centros de reciclado, eliminar los intermediarios, fortalecer las cooperativas, incorporar a más tabajadores al sistema formal.
