La construcción de una autovía de doble vía por el Valle de Punilla, atraviesa la Reserva Natural La Juntura, que contiene un bosque nativo de categoría roja. Esto impediría el cambio de uso de suelo para darle otro destino pero, sin embargo, en Córdoba la ley se modificó dando vía libre a ciertos proyectos.
El objetivo, según el gobierno provincial, es solucionar problemas de tránsito que se presentan actualmente debido a la falta de capacidad de la traza actual, y asegura que la obra sigue una guía de buenas prácticas para la adaptación de las carreteras al clima.
Expertos en ambiente, distintas ONGs, pueblos originarios y vecinos alertan, a través de cartas abiertas y ´reiteradas denuncias, la destrucción de estos ecosistemas; y reclaman la suspensión inmediata de las obras.
«La obra es ilegal por donde se la mire”, denuncia María Laura Carrizo, coordinadora del área de ambiente de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS).
Topadoras, que se fueron abriendo camino por el monte serrano y desechos de cajas de explosivos dan cuenta de árboles nativos arrasados, como el molle que puede vivir hasta 500 años, además de la desaparición de especies por la destrucción de su hábitat.
“El bosque desmontado estaba constituido por una biodiversidad sistémica de estratos, organismos interrelacionados y árboles nativos. La experiencia dice que un bosque arrasado es casi irrecuperable”, asegura Horacio Andrés López quien fue guardaparque nacional y es actual vecino de las sierras cordobesas.
En la provincia, desde el año 2005, se prohíbe por ley el desmonte total. Pero hoy, en Córdoba solo queda alrededor de un 3% de bosques nativos. “Cada metro que perdamos es condenar a la desaparición absoluta los servicios ecosistémicos esenciales, como la dinámica de la regulación hídrica”, alerta Fernando Barri, biólogo, integrante de Fundeps, una de las fundaciones que denuncia irregularidades en el estudio de impacto realizado por Caminos de las Sierras.
¿Y de la contaminación del agua no se habla? Es un tema prohibido y la situación del lago San Roque es gravísima, asevera María Laura Carrizo de la Fundación presentó un recurso de amparo ambiental por la contaminación del lago San Roque y las intervenciones entre los ríos. En contraposición, el gobierno de la provincia sostiene que las obras no generan contaminación química en los cursos de agua durante la construcción, pero la justicia estableció que deberá presentar un plan de saneamiento a más tardar en agosto de 2023.
Para que se lleve a cabo la obra se requiere la habilitación del uso del suelo en cada municipio a través de sesiones públicas. Pero en algunas localidades como, Biallet Massé, denunciaron penalmente que la sesión otorgada por el uso del suelo fue secreta y está firmada solo por el intendente y tres concejales. En otros municipios, la comunidad se enteró de la autovía por las marcas de línea de la montaña, por lo que solicitaron información a los gobiernos locales sin encontarr respuesta alguna. Mientras tanto, las expropiaciones se realizan mediante notificaciones 30 días antes del desalojo, y “Debían dejar su propiedad si no eran amenazados de ser sacados por la fuerza pública”, cuenta María José Charten, vecina de Cosquín.
Por su parte, los vecinos que lograron participar en las audiencias públicas reclamaron falta de información previa, dificultad para participar y cortes intermitentes de luz. Las audiencias públicas resultaron en un 90% de rechazo a la autovía.
Pese a todo, la autovía avanza, mientras toda una comunidad resiste.
