Se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para la modificación de la Ley 22421 de fauna silvestre, de autoría de la diputada nacional Alicia Aparicio, fue acompañado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
Esta iniciativa busca aumentar los estándares de protección a los animales declarados monumentos naturales y en peligro de extinción, así como las penas e infracciones por maltrato y crueldad animal, prohibir el uso de perros de caza y posibilitar la introducción de ejemplares al país de especies autóctonas en extinción, amenazadas o vulnerables a través de convenios con instituciones, entre otros aspectos novedosos.
Los motivos del proyecto de reforma
“Desde la creación de la Ley de conservación y protección de la Fauna Silvestre, allá por 1981, nuestra sociedad produjo un cambio profundo en la comprensión respecto a crear una mayor protección de nuestra rica biodiversidad y la necesidad de mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas”, aseveró la diputada Alicia Aparicio.
Cabandié por su parte, explicó las razones para acompañar el proyecto: “Creemos fundamental regular y actualizar la ley de fauna y aumentar las penas. Es una demanda de la sociedad, una deuda pendiente que tenemos que trabajar alrededor del bienestar animal” y señaló entre los aspectos importantes a abordar “subir penas, regular y actualizar la ley”.
Además, destacó sobre el proyecto de Aparicio: “Nos permite poner en debate la forma en que vivimos, cómo nos organizamos como sociedad y cómo es nuestra relación con la biodiversidad”. También aclaró: “Está muy relacionado a un trabajo que venimos haciendo en el Ministerio, que también va en el mismo sentido, quizás en un marco más general”, y dijo que uno de los temas a los que apunta es a “reconvertir los zoológicos”. “Lo que deseamos es poder unificar los proyectos”, remarcó.
Por su parte, Aparicio amplió que su proyecto “tiene por objeto poner en debate en el ámbito parlamentario la necesidad de actualización de la ley de conservación y protección de la fauna silvestre” y agregó que da la posibilidad de abordar “la falta de armonía entre la legislación nacional y la legislación provincial en algunas regiones”, “para que queden bien delimitadas las zonas de caza y evitar esta práctica en fauna en vías de extinción”, fundamentó.
Cabe señalar que el Ministerio a cargo de Cabandié, mediante la Secretaría de Política Ambiental en Recursos Naturales, redactó otro proyecto vinculado a la problemática, que fue debatido y presentado en encuentros con referentes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades ambientales de distintos puntos del país, de cara a lograr un consenso federal que facilite el fortalecimiento de la normativa. Se trata del proyecto de ley de presupuestos mínimos para el bienestar animal y la conservación de la biodiversidad en zoológicos, centros de rescate y rehabilitación, santuarios y otras instituciones que tengan como objetivo la conservación y cuidado de la fauna silvestre, el que se espera que ingrese al Congreso para su consideración próximamente.
Entre los alcances de esta última iniciativa, se procura aumentar las penas de delitos relacionados con el maltrato y crueldad animal; la prohibición nacional del uso de animales en espectáculos; la obligatoriedad de la reconversión de zoológicos —en función de preceptos de conservación establecidos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica—; la consideración del rescate, la rehabilitación y la reinserción de la fauna autóctona en su hábitat natural; la disminución paulatina de especies exóticas y la implementación de acciones de investigación aplicada a la conservación de la vida silvestre y los ecosistemas naturales. Finalmente, se buscará la determinación de estándares y principios generales de bienestar animal, mediante un abordaje conjunto con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Penas más duras para cazadores furtivos
Accedimos al texto del proyecto presentado, en cuyos fundamentos se expresa que hay una evidente desactualización de la Ley 22.421, “tanto de las herramientas que contempla para la caza, como para las penas y las infracciones donde las sanciones tienen un monto muy bajo y ya no resultan eficaces”.
Es por eso que uno de los puntos centrales consiste en incrementar las penas de prisión y de inhabilitación, además de la sanción económica frente a las infracciones. En la actualidad, las multas son de $70.000, lo cual no persuade al cazador de su conducta. El proyecto de Aparicio propone un mecanismo de actualización que depende del Salario Mínimo Vital y Móvil (de 100 a 1.000 veces el monto del SMVM). Dentro del marco sancionatorio, esta propuesta dispone que quien transgreda la norma no solo obtenga la cancelación de su licencia de caza deportiva sino de toda licencia para cualquier tipo de caza.
De una lectura del proyecto surge que se considerarían hechos delictivos en el marco de esta ley: “cazar animales de la fauna silvestre en campo ajeno sin la autorización del propietario o administrador o poseedor o tenedor”. Asimismo, “cazar animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación” y, por último, “cazar animales de la fauna silvestre utilizando armas, artes o medios prohibidos por la autoridad jurisdiccional de aplicación”.
Vida de perros
La propuesta incluye la prohibición “del uso directo o indirecto de perros de caza”. Un vacío legal permite que allí donde está prohibida la caza, se usen a los canes como herramienta para evadir la ley. La legislación vigente contempla armamentos directos o indirectos, pero no animales utilizados para cazar, por ello, los cazadores que utilizan perros como medio para sus fines, quedan fuera de la norma y sus sanciones.
No obstante, el reclamo por la prohibición de los perros de caza excede este motivo. El 1 de marzo de este año, la agrupación Che Galgo presentó junto a la diputada nacional Graciela Camaño un proyecto de ley que aborda la situación de estos animales, promueve la prohibición y penas a su infracción. “Seguimos trabajando en la concientización de la sociedad, destapando todo lo que la caza con perros significa”, dijo Carla Zapata, coordinadora de Che Galgo. “Desde que nacen, los perros son seleccionados y preparados para el ejercicio de la caza, con orejas y rabos mutilados, entrenamientos crueles con animales vivos, encierros, hambrunas, y por supuesto, el acto de la caza en sí, que no es más que la riña a muerte entre dos especies o la instrumentalización impiadosa y abusiva sobre los perros”, agregó. “Esto no es un deporte ni un entretenimiento, aunque desde las Secretarías de Ambiente provinciales así lo cataloguen”.
Zapata expresó que considera fundamental avanzar en el reconocimiento hacia los derechos de los animales: “la importancia de este avance radica en que la sociedad no puede tolerar más violencia, hay que educar en la empatía, en la sensibilidad”.