El primero de marzo se inició el periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Y en su discurso inaugural frente a los legisladores, el presidente Alberto Fernández se refirió a tres leyes ambientales cuyo tratamiento y sanción resulta urgente en tiempos de crisis climática y ecosistémica: La Ley Humedales, que ya perdió dos veces estado parlamentario, una ley de Bienestar Animal que reformule el papel de los zoológicos y la Ley de Movilidad Sustentable, enviada el año pasado al Congreso, pero aún sin tratamiento en comisión.
Además, existe al menos una decena de leyes socioambientales que organizaciones sociales, científicas y ciudadanas reclaman, y que han sido sistemáticamente “cajoneadas” o ni siquiera ingresaron al recinto.
Aquí un repaso de las principales de ellas, junto con el análisis de: Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Cristina Maiztegui, coordinadora de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental; y Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Humedales
La protección de esos ecosistemas, que ocupan 600.000 km2 (el 21,5% del país), es clave para la vida, ya que prestan servicios ecosistémicos esenciales como reservorios de agua dulce, mitigación del cambio climático, y prevención de inundaciones, entre otros. Hay humedales en todas las ecorregiones de la Argentina, desde los salares de litio en la Puna jujeña, hasta las turberas de Tierra del Fuego, pasando por la pampa húmeda y el Delta del Paraná.
Según el Monitor Legislativo Ambiental, tanto en 2013 como en 2016 se debatieron proyectos de Ley de Humedales y en ambas ocasiones, se logró la media sanción del Senado, pero al no tratarse en Diputados, perdieron estado parlamentario. En 2020 se presentaron nuevamente diferentes proyectos que volvieron a perder estado parlamentario. En 2022 se presentaron nueve proyectos en Diputados y cinco en el Senado, y finalmente se logró un dictámen de minoría (presentado por el oficialismo, con el aval científico y de numerosas organizaciones ambientales y sociales) y uno de mayoría (presentado por la oposición, que ofrece menos restricciones a actividades extractivas).
La Ley de Humedales es la más urgente a aprobar, pero también una de las más resistidas por los intereses extractivistas.
Los especialistas consultados para esta nota coinciden en que es la ley ambiental más urgente a aprobar, pero también una de las más resistidas por los intereses extractivistas.
“La ley de Humedales lleva más de diez años desde su primera presentación. Tuvo dos medias sanciones, pero hasta ahora no logró sortear los lobbies mineros, inmobiliarios y del agronegocio”, apunta el abogado ambientalista Enrique Viale.
“La ventana de oportunidad para aprobarla era en 2022. Este año de elecciones nacionales será aún más difícil lograr un consenso”, apunta por su parte Andrés Nápoli de FARN.
Desde la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental, Cristina Maiztegui destaca que “ya hay dos dictámenes en el Congreso. Pero lamentablemente la oposición se niega a tratar los proyectos (en rechazo al juicio político a la Corte Suprema)”.
Movilidad Sustentable
En Argentina, el sector del transporte es responsable del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En un contexto de crisis climática y de compromisos asumidos por 150 países de reducir estas emisiones en la Cumbre Climática de París, es fundamental una ley que impulse la producción local de vehículos eléctricos y basados en energías renovables. Sin embargo, también es importante considerar su impacto por la demanda creciente de minerales como el litio, cuya extracción insume grandes volúmenes de agua.
La Unión Europea prohibió la comercialización de vehículos a combustión para el 2035, por lo que no queda mucho tiempo para iniciar la transición. Un reciente informe de la consultora Jungla sobre Movilidad Sustentable en el AMBA destaca los beneficios de fomentar el transporte eléctrico y la micromovilidad sustentable (uso de bicicletas y monopatines) en las ciudades: reducción de emisiones de GEI, del ruido y la mejora de la calidad del aire, entre otros.
Actualmente existen cuatro proyectos presentados al Congreso, pero ninguno fue tratado.
Envases con Inclusión Social
Más de la mitad de lo que arrojamos a la basura, un 60% en volumen y algo más del 30% del peso, son envases y envoltorios, cuyo uso es efímero y pueden tardar más de 300 años en desintegrarse, como los plásticos, y además no lo hacen totalmente, generando micropartículas que contaminan el suelo, el aire y el agua.
La ausencia de un sistema de gestión se traduce en mayores volúmenes de residuos para transportar, más costos para su disposición final y un grave impacto en los ecosistemas, especialmente los marinos.
Desde hace más de 20 años se vienen presentado proyectos de ley de envases, pero ninguno logró convertirse en Ley. En 2021, organizaciones sociales y cooperativas de recicladores elevaron al Congreso el primer proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social que contempla la tarea de los y las recicladoras urbanas, incluyendo todo el ciclo de vida de los envases y no solo la fase posconsumo. Además, establece directivas para generar menos residuos, eliminar la producción de envases no reciclables y el uso de sustancias tóxicas. También propone una tasa o impuesto por la generación de cada nuevo envase, destinado a programas de educación, y a mejorar las condiciones de trabajo en las cooperativas de recicladores. Este es uno de los puntos controvertidos del proyecto que aguarda ser tratado en el recinto.
Solo el 10% de las 2,7 millones de toneladas de residuos plásticos que se generan al año se reciclan.
Ordenamiento ambiental territorial
Esta normativa permitiría establecer estándares y criterios ambientales, sociales y económicos para planificar el uso del territorio, la construcción de viviendas, rutas, emplazamiento de industrias y otras actividades económicas, a partir de un apropiado sistema de incentivos y desincentivos.
La Argentina adeuda una ley de este tipo desde la sanción de la Ley General del Ambiente en 2002, que establece al ordenamiento territorial como herramienta de política y gestión ambiental. Además, brindaría el marco normativo necesario para otra ley fundamental: la de Evaluación del Impacto Ambiental.
Desde 2007, hubo al menos nueve proyectos que perdieron estado parlamentario.
Agroecología
El uso intensivo de los suelos genera impactos devastadores para el ambiente y las personas: degradación, pérdida de biodiversidad, contaminación por agroquímicos. Una ley de agroecología permitiría garantizar la soberanía alimentaria, gestionar los recursos naturales de forma más sustentable y estimular la vuelta e instalación de pequeños agricultores en zonas rurales.
Actualmente existen al menos tres proyectos que aguardan tratamiento en el recinto. Uno de ellos es impulsado por la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT) y propone implementar un etiquetado con código QR para los productos agroecológicos, y crear un registro de productores que accederán a beneficios fiscales y crediticios que los ayuden en la transición hacia esta forma de producción respetuosa con el ambiente y las personas. Una ley de Agroecología requiere asimismo una Ley de Acceso a la Tierra para pequeños productores.
Delitos Ambientales
El Código Penal argentino no incluye delitos que afecten directamente al ambiente. Hoy, incendiar un bosque o contaminar un río provocando daños y pérdidas a miles de especies vegetales y animales actuales y futuras puede conllevar multas pero no tiene consecuencias penales a menos que involucre a la propiedad privada. Solo existen algunos tipos penales en leyes especiales. Desde 2006 se viene intentando en el Congreso una reforma del Código Penal para, entre otras cuestiones, incluirlos. Algunos de los proyectos presentados se refieren de modo más amplio a los Delitos contra la Naturaleza, incluyendo por ejemplo a los ríos y bosques como sujetos de Derecho.
Trazabilidad de la Pesca
La depredación de los recursos marítimos y la sobreexplotación pesquera es un problema no solo económico y ambiental, sino también de Derechos Humanos ya que no pocas veces es realizada por barcos extranjeros que mantienen a sus trabajadores en condiciones infrahumanas.
El país pierde a causa de la pesca ilegal entre US$2000 y US$3600 millones por año. Y al mismo tiempo, al no contar con un sistema de trazabilidad que asegure la sustentabilidad de la pesca a lo largo de toda la cadena, no puede acceder a mercados (como el Europeo) que cada vez más exigen estas certificaciones.
En 2018 y 2020 se presentaron proyectos que perdieron estado parlamentario. Actualmente quedan otros dos proyectos a la espera de ser tratados en las respectivas cámaras.
Evaluación de Impacto Ambiental
Todas las acciones humanas tienen un impacto que puede afectar la salud y calidad de vida de las personas, la capacidad productiva de los recursos naturales y las funciones de los ecosistemas.
Las normativas y regulaciones que buscan identificar y gestionar esos impactos comenzaron en la década del 80, sobre todo para actividades extractivas y de alto riesgo ambiental. Sin embargo, a partir de la reforma constitucional del 90 que otorgó a las provincias la potestad sobre sus recursos naturales, cada una aplica su propia normativa, en sintonía con la Ley General de Ambiente sancionada en 2002. De sancionarse una Ley Nacional de Impacto Ambiental habría mayor coordinación y condiciones equitativas a lo largo de todo el territorio.
Áreas protegidas
Esta normativa busca establecer presupuestos mínimos que promuevan la creación e implementación de áreas protegidas terrestres y costero-marinas. Su sanción contribuiría a cumplir con el compromiso 30×30 de proteger al menos un 30% del territorio continental y océanico para 2030, asumido durante la última Cumbre de Biodiversidad de 2022.
Hoy, casi todas las provincias tienen su propia ley, pero la gestión e implementación de las áreas protegidas varía según la jurisdicción, y las categorías de conservación no son homogéneas.
Cada vez hay más evidencia de los impactos positivos de las áreas protegidas en el bienestar de las personas. Por el otro, son una herramienta central para la conservación de la vida silvestre, los hábitats naturales y el patrimonio cultural.
Diversos proyectos fueron tratados en 2017 y 2019, pero perdieron estado parlamentario. Actualmente hay tres iniciativas que esperan ser debatidas en el recinto.
Bienestar animal
La primera Ley de Bienestar Animal en Argentina fue sancionada en 1891, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Le sucedió una ley de 1954, actualmente vigente, y el año pasado se envió un proyecto para modificarla, ampliando las penas para actos de crueldad y maltrato animal, así como el tráfico y tenencia de especies exóticas y
la prohibición nacional del uso de animales en espectáculos. También establece la reconversión de los zoológicos en lugares de preservación e investigación.
Diversidad biológica
La pérdida de biodiversidad es, junto con el cambio climático y la desertificación de los suelos, una de las mayores amenazas para la supervivencia planetaria . En Argentina, el 24% de los mamíferos están bajo alguna categoría de amenaza y hay muy pocas normas que protejan a las especies animales y vegetales en forma integral.
Contar con una normativa que establezca presupuestos mínimos a nivel nacional permitiría además cumplir con el objetivo 30×30 establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, por su sigla en inglés).
Plásticos de un solo uso
Según la Organización Mundial de Conservación (WWF), casi la mitad del plástico fabricado en el mundo se destina a productos de un solo uso o descartables, en tanto que la degradación de este material tarda cientos de años. En Argentina, de las más de 2.7 millones toneladas de residuos plásticos que se generan al año, menos del 10 % se recicla.
En 2019 y 2020 se debatieron varios proyectos tendientes a eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso y fomentar la Economía Circular. Sin embargo, el proyecto más avanzado se frenó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que no dictaminó al respecto. Al año siguiente volvió a ser presentado, sin obtener dictámen.
El 60% del volumen de desechos que se generan son envases o envoltorios.
Eficiencia energética
El uso racional y eficiente de la energía es fundamental para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y para evitar la pérdida de divisas por la importación de combustibles. Contar con una ley nacional permitiría establecer criterios y objetivos mínimos de reducción en el consumo en los distintos sectores (transporte, vivienda, industria) a lo largo del país, sin afectar la actividad económica ni la calidad de vida.
En 2019 y 2021 se presentaron proyectos que no fueron tratados en el recinto.
Reservas Naturales de la Defensa
Los espacios dedicados al adiestramiento militar y otras actividades de defensa preservan el paisaje original y sus ambientes, ya que están aislados de los grandes centros urbanos y productivos. Hoy se enmarcan en esta figura más de 600.000 hectáreas, incluyendo zonas de selva misionera, yungas, la cuña boscosa santafesina, espinales, montes, pastizales pampeanos, los Andes, el Delta del Paraná y áreas costeras marinas en nueve provincias. Si bien existe desde 2007 un convenio de cooperación entre el ministerio de Defensa y Parques Nacionales, no hay una ley de mayor jerarquía que proteja estos espacios.
Un proyecto presentado en 2020 propone destinar 14 predios asignados a las Fuerzas Armadas y otros organismos dependientes del Ministerio de Defensa al Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP). Pero al no ser tratado, perdió estado parlamentario.
Gestión menstrual sostenible
En la Argentina se generan anualmente 13.200 toneladas de residuos de gestión menstrual que tardan entre 500 y 800 años en degradarse. Son varios los países que han legislado la gestión menstrual, tanto con un enfoque de género como ambiental. En el Congreso hay actualmente tres proyectos de gestión menstrual sostenible y dos de ellos contemplan la provisión gratuita para aquellas mujeres que no puedan comprarlos
¿Faltan leyes o falta cumplirlas?
En vista de la cantidad de iniciativas de legislación ambiental que aguardan su tratamiento y sanción en el Congreso, cabe preguntarse: ¿faltan leyes o falta cumplirlas?
Al respecto, Andrés Nápoli, de FARN, sostiene: “aunque los temas ambientales están ganando lugar entre las demandas sociales, esto no se refleja en la agenda política y legislativa. Faltan leyes, las que están no se aplican o no se cumplen, y muchas otras deben actualizarse por el avance tecnológico y el agravamiento de la crisis socioambiental”.
Enrique Viale apunta: “Hemos visto al Congreso sancionar leyes que promueven el agronegocio, las industrias extractivas y el mal desarrollo, mientras las leyes de Humedales o de Agroecología quedan relegadas. Pero hoy la demanda social es cada vez más fuerte, y estamos en un contexto lationamericano con presidentes como Gustavo Petro (Colombia); Lula Da Silva (Brasil) y Gabriel Boric (Chile) que han tomado la iniciativa en estos temas. Por eso en este año de elecciones impulsamos un cupo socioambiental para que en los debates y entrevistas, una de cada cuatro propuestas y respuestas tenga que ver con lo ambiental”, remarca.
Finalmente, Cristina Maiztegui destaca: “Tenemos un derecho ambiental robusto, consagrado en el artículo 41 de la Constitución, y en la Ley General del Ambiente que data de 2002 y en ese momento costó muchísimo sacarla. Además, hemos logrado en los últimos años leyes ambientales muy importantes como la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático (2019), la Ley Yolanda (2020) y la Ley de Educación Ambiental. Más que leyes sectorizadas “lo que hace falta es una perspectiva holística y federal en la aplicación de las leyes, y dejar de lado una falsa disputa entre las provincias y la Nación para la protección del ambiente que es de todos”, reflexiona.
Foto de portada: David de la Barrera – Agencia La Política Ambiental
