Cachi, el pueblo salteño de origen diaguita, que está al pie de una de las montañas más altas del continente, el de los mantos de pimientos rojos que se secan al sol, por donde pasa el Camino del Inca o Qhapac Ñan, fue declarado “Municipio No Tóxico y Ambientalmente Sustentable” en noviembre del año pasado. Un grito, una señal contracorriente que retoma la histórica resistencia de ese pueblo diaguita en contra de la opresión de la conquista española. Ubicado a 2531 metros de altura, para sus habitantes el agua es un recurso clave, vital, que están dispuestos a cuidar para garantizar siembras, cosechas y para que caminar por sus calles continúe siendo una experiencia de paz, en contraste con el vértigo de los grandes centros urbanos.
“Soy nacida, criada aquí y provengo de una familia de agricultores, sé de la importancia de las tareas en el campo y del valor que esto tiene para mi pueblo”, afirmó la concejala cacheña Nieves Barrios, de 37 años, autora junto a su par Jorge Moya, de la ordenanza que fue aprobada por unanimidad y que bloquea todo tipo de emprendimiento minero en ese municipio. La norma se sancionó el último día hábil de noviembre de 2022 y taxativamente prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto, minería de litio y cualquier otro método extractivo. Además, también establece la prohibición del uso de aguas para estas actividades. El Concejo Deliberante del pueblo tiene cinco miembros y ese día se dejaron de lado las diferencias partidarias para votar a favor de la normativa. Nieves milita en el Frente de Todos y Moya es radical pero en el abordaje de este tema no hubo diferencias y contaron con el apoyo de sus pares.
El Concejo Deliberante del pueblo tiene cinco miembros y ese día se dejaron de lado las diferencias partidarias para votar a favor de la ordenanza que prohibe cualquier emprendimiento minero, además del uso del agua para esas actividades.
La histórica sesión fue también el resultado de una movilización del pueblo que se encendió a fines de octubre de 2022 cuando un medio local hizo público un edicto judicial que determinaba que en ese municipio se habían hallado yacimientos de oro y cobre, y había trascendido que una empresa comenzaría a realizar tareas para su posible explotación. De inmediato reaccionaron en contra las comunidades indígenas de Cachi, Fuerte Alto, El Agarrobal, La Aguada, Las Trancas, Las Pailas, Cóndor Huasi y Pucará Angastaco, entre otras. Entre todas, acordaron un documento que hicieron público en el que se expresaron en contra de cualquier emprendimiento minero que avance sin la previa consulta a los pueblos originarios, como lo establece la Constitución Nacional de 1994.
Asamblea autoconvocada
Así, junto a otros vecinos del pueblo, la plaza cacheña por donde circulan turistas todo el año se convirtió en la sede de asambleas autoconvocadas, en las que todos -con diferencias de matices- coincidieron en que la puesta en marcha de un emprendimiento minero pondría en jaque las actividades sobre las que se sostiene la vida en el valle: la agricultura, la ganadería y el turismo. Se realizaron cinco encuentros, todos durante el atardecer, en los que a veces participaron de manera activa ocasionales turistas, que manifestaron el interés porque el lugar no pierda su esencia y que lo convirtió en uno de los destinos más visitados del norte argentino, integrado al maravilloso y extenso recorrido de la mítica ruta nacional 40, que atraviesa el pueblo.
Luis Burgos integra el colectivo que administra la radio FM Ambrosio Casimiro que se encuentra en el paraje La Aguada, en la zona de Cachi Adentro, siete kilómetros al oeste del pueblo, en donde hay vestigios y señales de que por allí pasa el Camino del Inca. En esos días, la radio se convirtió en uno de los canales claves de difusión de las asambleas, sus debates y resoluciones, sobre todo, para los habitantes que viven en los más alejados rincones, en medio de las montañas. “Nos pusimos a la par de la Asamblea de Autoconvocados, hasta con el cura del pueblo, porque era imprescindible participar. Se hicieron y difundimos capacitaciones que nos dio hasta una geóloga, que nos hizo dimensionar el potencial impacto ambiental que habría en la zona si avanza la minería. Eso nos dio elementos para defender nuestra postura, la dimos a conocer en el valle y ahí dimensionamos el rol que cumplimos como medio de comunicación”, reflexionó Burgos. Así como el antiguo Qhapac Ñan fue clave para la comunicación del imperio y la difusión de las noticias, la radio es hoy un canal fundamental para los alejados pueblos vallistos, a donde no llegan las señales de telefonía celular e internet.
Tras la noticia de supuestos yacimientos mineros, los concejales cacheños pidieron informes al Poder Judicial y a las autoridades mineras salteñas, desde donde les comunicaron que la información publicada en el Boletín Oficial de esa provincia se había consignado con un error y que el lote minero no se encontraba en Cachi sino en el municipio lindero de Molinos, a los pies, hacia el oeste, del Nevado de Cachi -o cumbre del Cerro Libertador General San Martín- de 6380 metros de altura, que es destino habitual de expediciones de montañistas argentinos y del extranjero, en especial de Europa. Por eso, es habitual oír voces con acento inglés, francés e italiano, en los bares y comedores que están alrededor de la plaza del pueblo.
Aun así la Asamblea de Autoconvocados avanzó en los debates porque en el lote minero en cuestión se encuentra el nacimiento del río Luracatao, la esencial fuente de vida de la región. Debido a que el yacimiento no tendría la cantidad de mineral suficiente que justificaría una millonaria inversión para su explotación y por la frontal oposición vecinal, la firma Los Yacones SRL, a nombre de quien está la propiedad en Molinos, comunicó de manera oficial a la Jueza del Juzgado de Minas de Salta que abandonaba los estudios de factibilidad para un emprendimiento minero. “Igual no nos quedamos tranquilos y decidimos perfeccionar ordenanzas que ya existían, desde 2007, en contra de la minería de uranio y el uso del agua. Y así nació nuestro proyecto más integral”, señaló Nieves a este medio.
Unos días después de la sanción el intendente radical Américo Liendro, que no participó de las asambleas pero sí envió en su representación al secretario de gobierno Manrique Burgos, promulgó la norma. “La comunidad siempre supo de mi postura sobre la minería porque soy originario cacheño y me identifico con las necesidades de mi pueblo. Mi familia me acompañó en la decisión de ir en contra del impacto negativo que provoca la minería, así que no dudé en promulgar la ordenanza, aun cuando desde el gobierno provincial hay un fuerte apoyo a esta actividad. Pero para eso vivimos en democracia, podemos pensar distinto y nada me ata a un cargo, primero están los principios”, reflexionó el intendente, en diálogo con este medio.
Antes que finalice el 2022, Cafayate fue la sede de un encuentro de concejales de distintos pueblos vallistos y de diversos partidos políticos que están en contra del impacto de la minería. Deliberaron, entre otros, representantes de los municipios La Poma, Payogasta, Molinos y Seclantás. El objetivo es que en todos ellos, al igual que en Cachi y en Cafayate, sus concejos deliberantes sancionen ordenanzas como la aprobada en noviembre por el cuerpo deliberativo cacheño. La tarea no será fácil, aseguran, en una provincia como Salta que hizo de la explotación del litio y del oro, una fuente de ingresos de dólares de mucha relevancia para el erario público.
Daniel Correa es periodista de elDiario.AR.
