Los tornillos se ajustan, las cifras se actualizan, los límites se achican. Cada cumbre mundial por el cambio climático ratifica y endurece compromisos y consensos pactados en los encuentros anteriores, que en general no son vinculantes y dependen casi exclusivamente de la responsabilidad de las propias naciones para su cumplimiento. En este sentido, la reunión que acaba de terminar fue la COP27 –COP es la sigla en inglés para Conferences of the Parties–, organizada por la Organización de las Naciones Unidas desde 1995 y en la que líderes y estadistas mundiales, científicos/as, académicos/as, periodistas, y activistas se dan cita durante varias jornadas para evaluar la situación de una reunión para la otra y decidir lo que sigue a futuro en materia de crisis climática. La sede del encuentro fue la ciudad egipcia de Sharm el Sheij y contó con 200 países invitados. Por demoras en las negociaciones, el cierre se prolongó 48 horas más de lo previsto, y finalmente concluyó con una resolución para crear un fondo común destinado a las regiones más vulnerables, y una declaración sobre la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI).
Tras más de dos semanas de intensas negociaciones, los participantes alcanzaron el compromiso de financiar un nuevo fondo histórico para compensar las «pérdidas y daños» ocasionados por los desastres naturales en los países en desarrollo «especialmente vulnerables».
Mitigación, adaptación, financiación y colaboración fueron los cuatro grandes temas que englobaron las discusiones centrales de la cumbre de este año. En el caso del primer ítem, es necesario retrotraerse al Acuerdo de París, un tratado internacional firmado por 196 países en la COP21, celebrada en 2015 en esa capital europea. Entre otros puntos, allí se estableció la meta de limitar el calentamiento global a un máximo de 2°C y preferentemente más cerca de 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales, cifras solo alcanzables mediante severas reducciones de la emisión (GEI). Lo que se supo ahora sobre este punto no es alentador: si bien el ritmo de aumento de las emisiones fósiles a largo plazo disminuyó en la última década en 24 países, también se advirtió una suba del 1% de las emisiones fósiles de 2022 debido al uso de petróleo por eventos como la pandemia por COVID-19 o la guerra entre Ucrania y Rusia.
El dato sale del reporte de la plataforma Proyecto Carbono Global, que estima en un 50% el riesgo de superar aquel 1,5°C de calentamiento global en los próximos nueve años, y que a la vez se complementa con otro publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) hace tres semanas, en el que vislumbra un aumento de la temperatura mundial de 2,8°C para finales del siglo. En este escenario, los países han presentado en la COP27 nuevas y más estrictas estrategias para volver a hacer posible el objetivo del Acuerdo de París. Otro de los ejes de la conferencia junto con la mitigación fue la adaptación, entendida como los comportamientos para adecuarse y sobrellevar mejor una determinada situación. Este concepto involucra especialmente a las naciones pobres o en vías de desarrollo que, sin ser las mayores contaminantes, sufren con más crudeza las consecuencias climáticas por tener menos recursos y herramientas de acción.
Promediando la cumbre, el Ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, presentó un plan global integral con los “30 Resultados de Adaptación” de cara a 2030. En él se aspira a lograr un 21% de reducción de las emisiones de GEI acompañada de un aumento en la productividad agrícola del 17% producto de una transición hacia sistemas sostenibles, evitando seguir expandiendo la frontera agrícola y cuidando también la calidad de vida de los pequeños productores. Por otro lado, se detalla la necesidad de proteger y restaurar unas 400 millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y de agua dulce mediante el apoyo a estrategias y soluciones de la mano de comunidades indígenas y rurales. Si bien todos los temas están interrelacionados, en este caso el enlace con el ítem financiamiento es evidente, ya que sin recursos prácticamente no habría medida de adaptación posible.
Así, por ejemplo, el plan contempla la inversión de 4 mil millones de dólares para asegurar el futuro de 15 millones de hectáreas de manglares, valiosas formaciones vegetales leñosas arbóreas o arbustivas ubicadas en zonas costeras. De igual modo, el documento insta a movilizar entre 140 mil y 300 mil millones de dólares de fuentes públicas y privadas para estos fines y estimular a 2 mil de las empresas más grandes del mundo a comprometerse y desarrollar planes de adaptación viables, sobre todo teniendo en cuenta que las consecuencias de fenómenos climáticos extremos como inundaciones, olas de calor, incendios forestales o sequías no son solo proyecciones futuras, sino sobre todo una realidad del presente en muchas partes del mundo que no pueden recuperarse tan fácilmente. En este sentido, Shourky hizo especial hincapié en la necesidad de involucrar a sectores no estatales y privados también en el aporte económico necesario para superar la actual situación.
Otro material importante alusivo a la adaptación presentado en la COP27 fue el informe titulado “10 nuevas reflexiones en la ciencia climática”, elaborado por las redes internacionales Future Earth, la Liga de la Tierra y el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas. De carácter científico, el trabajo recopila distintas investigaciones en las que se desgranan las interacciones entre el cambio climático y otros factores de riesgo como los conflictos, las pandemias, las crisis alimentarias, que limitan la capacidad de adaptación de las comunidades. “La adaptación por sí sola no puede hacer frente a los impactos del cambio climático, que ya son peores de lo previsto. Estas acciones son cruciales para mejorar los esfuerzos a pequeña escala, fragmentados y reactivos. Pero el potencial de adaptación al cambio climático no es ilimitado, y no se evitarán todas las pérdidas y daños que hemos visto”, señaló durante la presentación el Secretario Ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell.
La cumbre finalizó, por un lado, con una resolución que enumera los daños y consecuencias del cambio climático sufridos por los países más pobres y establece la creación de un fondo común destinado a esas reparaciones. Por el otro, con una declaración que enfatiza “la necesidad de urgente de reducciones inmediatas, profundas, rápidas y sostenidas de las emisiones mundiales de GEI”.
Bajo el título de Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030, la Argentina presentó en la cumbre sus políticas para limitar las emisiones del GEI y generar respuestas coordinadas que adapten los territorios, ecosistemas, sectores y comunidades vulnerables frente a su impacto. La meta de mitigación que se establece es la de no exceder la emisión neta de 349 MtCO2e –la unidad de medida de las emisiones– para ese año, y se aplica a todos los sectores de la economía. El plan incluye seis líneas estratégicas: transición energética, transición productiva, movilidad sostenible, territorios sostenibles y resilientes, conservación de la biodiversidad y bienes comunes, y gestión sostenible de los sistemas alimentarios y bosques. En la ocasión, la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, insistió en la necesidad de los países en desarrollo de recibir apoyo financiero para la acción climática, teniendo en cuenta que América Latina es una de las regiones más vulnerables y expuestas a los efectos perjudiciales y que, sin embargo, “está cada vez más marginada de los flujos globales de financiación climática”, según planteó.
Finalmente, este último aspecto cobró especial relevancia en el final de la cumbre –dos días después de lo estipulado–, con una resolución que, además de enumerar los daños y consecuencias del cambio climático sufridos por los países más pobres, establece la creación de un fondo común destinado a esas reparaciones. El otro punto saliente fue una declaración que enfatiza “la necesidad de urgente de reducciones inmediatas, profundas, rápidas y sostenidas de las emisiones mundiales de GEI”. En este sentido, la mayoría de las repercusiones que se han conocido dan cuenta de un “sabor a poco” debido a que el documento reafirma los objetivos del Acuerdo de París, que ya tiene 7 años, sabiendo que, si no se imponen nuevas medidas concretas, la meta de contener el aumento de temperaturas por debajo de 1,5° C respecto a niveles preindustriales ya está muy lejos de ser una posibilidad real. No se incrementó el compromiso en recortes de emisiones, ni se comprometió el fin del uso de los combustibles fósiles.
«Hemos dado un pequeño paso, pero queda mucho por hacer. Falta ambición de lucha contra ese cambio climático que ya hace perder vidas y dinero a muchos países del planeta”, aseveró Úrsula von der Leyen, presidenta de la UE.
Todo parece indicar que la COP28, pautada para fines de noviembre de 2023 en Dubai, reproducirá muchas de las discusiones que fueron centrales en esta edición.
