Los argumentos y el apoyo mundial eran muchos, y la expectativa aún mayor. A nivel nacional, el panorama de los meses previos parecía avizorar un resultado favorable a la decisión popular de reformar la constitución y otorgarle, entre otros profundos cambios, una concepción ecológica de vanguardia que hubiera posicionado a Chile en un lugar de avanzada en materia medioambiental a nivel mundial. Pero este domingo 4 de septiembre, el 62 por ciento de los chilenos y chilenas habló a través de las urnas y, sorprendentemente, dijo “no”. El proceso de modificación se arrastraba desde hacía varios años, y había tenido como momento bisagra el estallido social de 2019, que culminó con el compromiso por parte de las autoridades frente a una fuerte demanda que se oía en las calles: cambiar la Constitución, un texto que databa de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), y que no destacaba precisamente por tener un perfil inclusivo.
Para octubre de 2020, casi el 80 por ciento de la población votó a favor de una nueva carta magna a manos de una Convención Constitucional, y un año más tarde se decidió, también mediante elecciones populares, quiénes serían los 155 miembros que integrarían dicho cuerpo. A partir de entonces, y luego de profundos debates, comenzó la redacción de la nueva propuesta. Finalmente, el rechazo en las urnas a ese texto de 178 páginas y 388 artículos fue un cachetazo para el sector del “apruebo”, encabezado por el presidente chileno, Gabriel Boric, y con apoyo de más de 200 académicos y referentes de organizaciones ambientales de 40 países. La llamada “constitución ecológica” –caracterizada por una mirada más social y de derechos en todos los planos– establecía a la Naturaleza como sujeto de derechos, una denominación que en nuestro país tiene interesantes antecedentes en fallos judiciales que han amparado bajo esa misma figura a animales en situación de vulnerabilidad.
Hasta el momento, Ecuador es el único país en el mundo cuya constitución considera a la Naturaleza sujeto de derechos, y Chile estuvo a un paso de ser el segundo. De haberse impuesto el “sí”, hoy sería un valioso antecedente para el resto de América Latina, una región históricamente castigada en materia medioambiental.
De esa manera, se esperaba que el Estado adoptara una mirada ecológicamente responsable que incluyera medidas de prevención y mitigación de los efectos de la crisis climática y la explotación de los recursos naturales. En esta línea, quedaba establecida la creación de la Defensoría de la Naturaleza, un órgano autónomo con la función de proteger los derechos ambientales. Este punto no es casual en Chile, un país en el que la industria minera es el motor de la economía. La nueva concepción hubiese obligado a la administración pública a situarse en otro lugar respecto a su relación con el medio ambiente y el rol que ocupan las corporaciones que lideran el rubro. Hasta el momento, Ecuador es el único país en el mundo cuya constitución considera a la Naturaleza sujeto de derechos, y Chile estuvo a un paso de ser el segundo. De haberse impuesto el “sí”, hoy sería un valioso antecedente para el resto de América Latina, una región históricamente castigada en materia medioambiental.
Otro de los puntos promisorios del nuevo proyecto tenía que ver con el agua y, a diferencia de la Constitución vigente, que plantea que los derechos de los particulares sobre este recurso “otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”, en este caso la declaraban como bien “inapropiable”. Asimismo, establecía el derecho humano al agua, para priorizar el consumo sobre los demás usos, y creaba la Agencia Nacional de Aguas para garantizar un uso sostenible. Pese a la sorpresa del resultado del plebiscito, vale mencionar que algunas encuestas previas ya mostraban que la balanza se iba inclinando paulatinamente hacia el rechazo, y esto no tendría que ver tanto con la concepción ecológica de la reforma sino con otros aspectos evidentemente más sensibles como la relación y el lugar de las comunidades indígenas y la mirada sobre la propiedad privada, dos temas que, según los analistas, no habrían sido correctamente interpretados y finalmente terminaron tergiversados en campañas en redes sociales a manos de sectores opositores al cambio. En la previa a la votación, el presidente Boric había asegurado que, de obtener un resultado desfavorable, correspondía abrir un nuevo proceso constituyente, e inmediatamente después de conocerse la derrota, adelantó que había cambios en el gabinete. Chile deberá ahora dar cauce a una nueva instancia de profundos debates sobre el tema.
