Los reclamos asociados al cambio climático son muchos pero uno de los principales es la necesidad de impulsar una transición energética hacia fuentes renovables y no contaminantes. Un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) alertó sobre la necesidad de bajar las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera de forma urgente y una de las principales herramientas es cambiar la matriz energética. Sin embargo, especialistas advierten que aumentar la proporción de energías limpias sería solo una parte de la solución: también es clave definir de qué forma hacerlo.
“La transición energética abre una cuestión geopolítica en la que los países del centro lo ven como una oportunidad de ampliar mercados e imponer sus tecnologías. Ante esto, los países de nuestra región tienen dos opciones: pueden entrar en la dinámica apoyando la transición energética de esos países como proveedores de recursos naturales (por ejemplo, exportando litio para que otros hagan baterías) o pueden hacer un diagnóstico sobre qué capacidades tecnológicas tenemos para empezar a construir desde ahí”, explica el economista Juan Ignacio Arroyo, especialista en energía y ambiente, y cofundador del espacio de divulgación “Ahora Qué?”.
Por lo tanto, si bien en términos generales hay un consenso mundial para ir hacia la descarbonización de la matriz energética, para los países latinoamericanos la forma en la que la transición se lleve a cabo marcará la diferencia entre seguir siendo proveedores de materia prima y ser productores de tecnologías. Para Arroyo, esta distinción plantea dos escenarios. Por un lado, si el objetivo se centra en el aprovechamiento de los recursos naturales, no va a importar si las tecnologías son importadas o nacionales, sino que la prioridad será hacerlo lo más rápido posible. En cambio, si se concibe la fabricación de tecnologías como parte de la transición, el camino generará circuitos virtuosos en diversas áreas de la economía.
El doctor en Física Diego Hurtado, secretario de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, refuerza esa perspectiva. “Las economías centrales, los organismos de gobernanza global y las grandes corporaciones ven al calentamiento global como una oportunidad para recuperar el dinamismo del capitalismo. En tanto, para países semiperiféricos como Argentina, representa la oportunidad de completar un ciclo inconcluso de industrialización y fomentar políticas energéticas que nos permitan avanzar por un sendero de desarrollo con mayor equidad y ampliación de derechos”, afirma.
Un desafío que enfrentan las naciones latinoamericanas es que ese sendero de transición requiere políticas sostenidas en el tiempo, que trasciendan gobiernos y problemas coyunturales. Pero para que lo urgente no tape lo importante, es necesario trazar lineamientos a largo plazo que brinden ciertas garantías a la inversión privada. “La transición energética tiene que ser una política de estado. Si demoramos más el proceso, vamos a llegar tarde y no nos va a quedar otra que insertarnos a través de la importación de tecnología. Hoy todavía tenemos la puerta abierta para ingresar”, indica Arroyo.
Vientos con sello nacional
Según lo planteado por los investigadores, para impulsar una transición energética desde Argentina es importante apalancarse en las capacidades nacionales desarrolladas y hacer un diagnóstico que permita impulsar aquellas que tengan mayor potencial. Este potencial varía según la zona del país ya que mientras la Patagonia destaca por tener los mejores vientos, el norte y centro del país se caracterizan por su abundante recurso solar y el este por una extensa costa ideal para generar energía mareomotriz y undimotriz. Por eso, fomentar el desarrollo de tecnologías para aprovechar estas fuentes también beneficia a las economías regionales, propiciando una distribución más federal de los ingresos.
Las capacidades industriales de Argentina en el sector energético son variadas. En energía eólica, por ejemplo, existen algunas empresas fabricantes de aerogeneradores, como NRG Patagonia e IMPSA. También INVAP, la empresa estatal rionegrina conocida por desarrollar satélites, ha emprendido la fabricación de generadores y palas para molinos eólicos. En San Juan, EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado) desarrolla tecnologías para el sector y, entre otras cosas, trabaja en la fabricación de paneles fotovoltaicos para parques solares. Pero producir tecnologías para el sector energético va más allá de los dispositivos que se usan para generar energía.
Si bien en términos generales hay un consenso mundial para ir hacia la descarbonización de la matriz energética, para los países latinoamericanos la forma en la que la transición se lleve a cabo marcará la diferencia entre seguir siendo proveedores de materia prima y ser productores de tecnologías.
“La transición energética también motoriza la producción de tecnologías asociadas, que son los bienes que siguen en la cadena de valor y forman parte de la infraestructura energética, como los proveedores de piezas electromecánicas”, señala Arroyo. Según el Registro de Proveedores de Energías Renovables (ReProER) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hay unas 700 empresas inscriptas como fabricantes de bienes electromecánicos para el sector.
Sin embargo, el economista considera que, hasta el momento, no se ha hecho un gran aprovechamiento de esas capacidades nacionales. “En 2016, se lanzó un plan de incorporación de energías renovables, el RenovAr, que aumentó la capacidad instalada eólica y solar pero desaprovechó la posibilidad de hacer encadenamientos virtuosos que podían aumentar la capacidad nacional de los pequeños proveedores. Lo que importaba era incorporar tecnología y no tanto de dónde provenía”, cuenta.
Por su parte, Hurtado señala que la Argentina tiene una importante tradición en el desarrollo de tecnologías para el sector nuclear, una fuente de energía que no produce gases de efecto invernadero. Además, indica que otras áreas con potencial son las de biocombustibles y la solar térmica. “El estado debería acompañar con inversión para mejorar las tecnologías que tenemos. No es necesario que todo se fabrique acá desde el principio porque los desarrollos tecnológicos llevan tiempo y altos costos, pero puede estipularse una cuota creciente de componentes nacionales en la medida que las empresas vayan mejorando su capacidad de producción”, apunta.
Una transición popular
Desde Santa Fe, el ingeniero Pablo Bertinat, director del Observatorio de Energía y Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario (UTN FRR), introduce otro componente a tener en cuenta al impulsar una transición energética desde los países del sur.
“Nosotros planteamos que no tiene sentido avanzar en un proceso de cambio de fuentes de energía mientras siga siendo un sistema energético corporativo, centralizado y desigual. La generación de energía creció exponencialmente en los últimos 200 años y, sin embargo, la desigualdad también aumentó. Por eso, impulsar una transición energética debería generar cambios no solo en el entramado tecnológico, sino también en el entramado social y político”, sostiene Bertinat.
En este sentido, el ingeniero plantea una distinción entre lo que sería una transición energética corporativa y una popular. La primera tiene que ver con una visión regida por las lógicas de mercado donde las corporaciones ven el proceso de transición como una oportunidad de acumulación de riquezas. En cambio, la mirada popular tiene que ver con trazar un camino que permita desprivatizar, desfosilizar, desconcentrar y tratar de bajar los niveles de desigualdad que hay en el sector. Lo que hay que plantearse, entonces, es si la transición estará definida por el mercado o por los derechos y necesidades de la población.
“En Argentina, como en la mayoría de los países de la región, tenemos una estructura muy asociada a la lógica de mercado. Las leyes que regulan el sector son las leyes de privatización creadas en los ‘90. Nunca se modificó el paquete corporativo del menemismo. Por eso, la política energética es opaca y permite poca o nula participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Hace falta avanzar en procesos de democratización y de mayor participación ciudadana”, afirma el investigador.
Energía para qué y para quién
Entonces, ¿qué tipo de políticas se pueden impulsar en Argentina para aprovechar las oportunidades económicas, ambientales y sociales que brinda la transición energética? Para Arroyo, una de las políticas más fuertes que tiene el Estado es el poder de compra. “A través de esta herramienta, el Estado puede definir un rumbo a largo plazo y garantizar una demanda sostenida a los proveedores. También le permite poner requisitos, como que para comprar determinada cantidad de insumos, la empresa tenga que ir incrementando el porcentaje de componentes locales”, explica.
Por su parte, Bertinat apunta que un aspecto importante radica en fortalecer lo público, pero no necesariamente desde lo estatal, sino en referencia a lo popular y lo comunal. “Tenemos que poder discutir cómo utilizar la energía en nuestras comunidades. Nadie mejor que las autoridades locales para saber quiénes están en situación de pobreza energética y no pueden pagar las tarifas. Hay muchas formas de democratizar el sector energético. Por ejemplo, se puede trabajar en políticas para generar energía localmente”, plantea.
El ingeniero cuenta que actualmente hay unas 600 cooperativas eléctricas en el país y que muchas surgieron a partir de la necesidad de generar energía en pueblos alejados del tendido eléctrico. A medida que las ciudades fueron creciendo y la electricidad llegó a más lugares, las cooperativas se adaptaron a otros roles, como el de distribuidoras de energía. “Habitualmente las políticas energéticas son delegadas a los gobiernos nacionales pero nada obtura la posibilidad de que un estado local pueda hacerse cargo de ellas. En España, por ejemplo, hay agencias municipales de energía. Son iniciativas que no sacan los pies del sistema pero resuelven algunas cosas”, considera Bertinat.
Otra pata del problema es mejorar la eficiencia energética industrial y residencial. “Hay que reducir el consumo. Si quisiéramos ir a una matriz renovable pero del mismo tamaño que la actual, no nos alcanzarían los materiales minerales que hay en el planeta”, dice el ingeniero. Algunas políticas en este sentido podrían ser implementar planes para intercambiar equipos ineficientes por otros más eficientes y priorizar el criterio de eficiencia a la hora de construir viviendas. Al respecto, Arroyo señala que hace poco se publicó el Plan Nacional de Eficiencia Energética, que delinea algunos objetivos a seguir.
Para Hurtado, otro aspecto central para que la transición energética sea exitosa es tratar de articular políticas a nivel regional. Sin embargo, señala que la historia de la colaboración científico-tecnológica regional es bastante pobre. “Si bien hay mucha colaboración espontánea entre colegas, esto no está pensado de manera estratégica, entre los gobiernos, por lo que no hay muchos ejemplos que podríamos imitar para aprovechar las complementariedades industriales de los países”, afirma.
Desde la acción social, también se pueden impulsar algunos cambios, empezando por ser más conscientes de cuáles son nuestros consumos. “Podemos cambiar los hábitos de la vida cotidiana que están a nuestro alcance, como optar por tecnologías eficientes y evitar grandes pérdidas energéticas en nuestros hogares, que en general sólo nos dan confort cuando están enchufados consumiendo energía”, indica Arroyo.
Finalmente, Hurtado plantea: “Esta nueva revolución tecnológica tiene que estar acompañada por una nueva distribución de relaciones de poder. La pobreza, la desigualdad y el calentamiento global son partes de un mismo problema que tiene que ver con concentración de la riqueza y pautas de consumo impuestas por las economías centrales. Tenemos que tratar de modificar esas relaciones de poder y los movimientos socioambientales tienen un importante rol en esto”, concluye.
Publicado en eldiarioAr
