El proyecto de Ley de Movilidad Sustentable que patrocina el Gobierno Nacional impulsa la creación de un régimen promocional que incluirá beneficios impositivos, nuevas instituciones y financiamiento de largo plazo. Además, se propone estimular la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales, lo que incrementará el aporte de la Argentina a la lucha global contra el cambio climático.
El corazón del proyecto busca impulsar mediante un régimen de promoción industrial la evolución de la electromovilidad con vehículos 100% eléctricos, para aplicarlo a todo tipo de «movilidad terrestre: livianos, medianos, pesados, de pasajeros, de carga, la micromovilidad, los experimentales y los designados por la Autoridad de Aplicación».
De aprobarse la norma, para el año 2030 se proyectan inversiones por 5.000 millones de dólares en terminales automotrices, lo que generaría 12.500 puestos de trabajo; por 1.500 millones de dólares en sectores autopartistas, que implicarían la creación de 6.000 empleos, y por 1.800 millones de dólares en el rubro de fabricantes de baterías, con 2.500 puestos de trabajo nuevos.
La propuesta busca reconvertir el parque automotor hacia uno sustentable, potenciar el desarrollo industrial y generar nuevos puestos de trabajo.
En ese escenario de inversiones por alrededor de 8.300 millones de dólares, se generarían exportaciones por 5.000 millones de dólares y se espera obtener un ahorro acumulado de 10.7 millones de toneladas de CO2 equivalente.
La ley, en caso de ser aprobada, establecerá en consecuencia un régimen de beneficios para promover la adopción de vehículos eléctricos, que incluirá al público comprador con descuentos sobre el precio del modelo o la «remoción de la base imponible de bienes personales».
Además, propone incentivos a las fábricas terminales, autopartistas, productores de baterías y de cargadores, con beneficios fiscales «estáticos», cuando se instalen proyectos productivos de movilidad sustentable, y «dinámicos», en función del cumplimiento de metas acordadas (exportaciones, creación de fuentes de trabajo y desarrollo de proveedores, entre otros).
Está previsto que el transporte público y las flotas de las dependencias del estado comiencen a incorporar unidades 100% eléctricas.
La intención es llegar a 2041 con la prohibición de la venta de modelos nuevos con motores nafteros o diesel.
