México es el sexto productor de miel más grande del mundo, y un 40% de la producción nacional de miel proviene de la Península de Yucatán. En Campeche, 25.000 familias—especialmente dentro de las comunidades mayas—dependen de la producción de miel como su medio de vida. La apicultura también es fundamental en la cultura maya, pero por la agricultura industrial, perdieron unas 38.000 hectáreas de bosque.
En el año 2000, Monsanto empezó a cultivar pequeñas parcelas de soja genéticamente modificada (GM) en México. En el 2010 y el 2011, el gobierno elevó estos proyectos a “programas pilotos.” La soja GM usada por Monsanto (ahora propiedad de Bayer) se conoce como “Roundup Ready,” una referencia al diseño de tolerancia genética que tiene la planta a altas dosis del herbicida Roundup (también un producto de Monsanto). El principal ingrediente en Roundup es el glisofato, un probable carcinógeno que además está vinculado a los abortos espontáneos y a defectos congénitos.
En el 2012, el gobierno mexicano otorgó a Monsanto permisos para sembrar soja GM en siete estados mexicanos, incluidos Campeche y Yucatán, sin previa consulta en las comunidades locales. Leydy Pech, de 55 años, reunió a apicultores, varias ONG, y a ambientalistas en una coalición conocida como Sin Transgénicos en 2012. Ese mismo mes, Pech lideró al grupo en la presentación de una demanda contra el gobierno mexicano para detener la siembra de soja GM. Su caso se basó en el hecho que ni el gobierno ni Monsanto llevó a cabo una consulta previa en las comunidades indígenas antes de autorizar los permisos.
A pedido de Pech la Universidad Autónoma y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo trazaron los impactos del glifosato, encontrando rastros del herbicida en el suministro del agua en Hopelchén y en la orina de los habitantes del pueblo.
Pech pidió apoyo a instituciones académicas en la documentación de los impactos del cultivo de soja GM en la miel, el medioambiente y en las personas. Como resultado, la Universidad Autónoma realizó un estudio sobre la producción de la soja GM en Campeche—donde Monsanto había llevado a cabo un programa piloto—confirmando que el polen de la soja GM estaba presente en el suministro local de miel. La Universidad Autónoma y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también trazaron los impactos del glifosato, encontrando rastros del herbicida en el suministro del agua en Hopelchén y en la orina de los habitantes del pueblo.
Con esta información, Pech y su colectivo maya empezaron una campaña de promoción y educación para las comunidades locales y los oficiales del gobierno sobre los impactos nocivos de la producción de soja GM. Desarrollaron una serie de talleres para activistas y organizaciones para intercambiar información e investigaciones y lanzar peticiones, y organizó protestas simultáneas en siete centros ceremoniales mayas a lo largo de la Península de Yucatán, en las que hubo alrededor de 2.000 participantes.
En noviembre del 2015, como respuesta a la demanda por la coalición, la Corte Suprema de México dictaminó de manera unánime que el gobierno debe realizar previas consultas en las comunidades indígenas antes de sembrar soja GM. El fallo resultó en la cancelación de los permisos de Monsanto y prohibió la siembra de soja GM en Campeche y Yucatán.
La ganadora del Premio Goldman confiesa que se identifica con las abejas porque, como ellas, necesita las plantas, un territorio conservado para mantener su identidad: “para que nosotros, los mayas, podamos seguir, necesitamos nuestras plantas medicinales, a los animales, a la biodiversidad. Yo vivo gracias a que mis antepasados, mis abuelos y mis padres, cuidaron y conservaron. Esa es la parte que a nosotros ahora nos toca: conservar y cuidar para las nuevas generaciones”.
